SECRETARIO DE GOBIERNO NIEGA VÍNCULOS CON EMPRESAS INTERESADAS EN EL POLO DE ECONOMÍA CIRCULAR DE ATLANGATEPEC

El secretario de Gobierno de Tlaxcala, Luis Antonio Ramírez Hernández, rechazó las versiones que lo señalan como presunto impulsor o beneficiario de alguna empresa interesada en participar en el proyecto del Polo de Economía Circular que se pretende desarrollar en el municipio de Atlangatepec.

Durante una declaración pública, el funcionario aseguró que no mantiene relación alguna con compañías provenientes del estado de Morelos ni con cualquier otra firma que busque operar dicho complejo destinado al procesamiento de residuos sólidos.

La postura surge luego de que en diversos espacios se generaran cuestionamientos sobre los posibles intereses detrás de la instalación de este proyecto, considerado uno de los más relevantes en materia de manejo de residuos dentro de la entidad.

El pasado lunes, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) publicó en el Diario Oficial de la Federación la declaratoria correspondiente para la creación del Polo de Economía Circular, estableciendo un polígono de aproximadamente 20 hectáreas ubicado en la comunidad de San Pedro Ecatepec, perteneciente al municipio de Atlangatepec.

De acuerdo con el documento oficial, la ubicación fue seleccionada por encontrarse en una zona estratégica de la región centro del estado, con acceso y cercanía a diversos municipios que conforman su área de influencia para el tratamiento y aprovechamiento de residuos.

La declaratoria también señala que, tras los análisis técnicos y normativos realizados, el predio no se encuentra dentro de áreas naturales protegidas de carácter federal, estatal o municipal, ni en zonas sujetas a programas especiales de conservación, restauración o protección ecológica.

Asimismo, el decreto establece que no fueron identificadas restricciones legales o ambientales que impidan el desarrollo del proyecto en el sitio seleccionado.

El Polo de Economía Circular ha despertado interés y debate entre distintos sectores sociales, ambientales y políticos debido al impacto que podría generar en el manejo integral de residuos sólidos en la entidad y en la región centro del país.

Mientras continúan las discusiones sobre el proyecto, las autoridades estatales sostienen que el proceso deberá desarrollarse con transparencia y conforme a los lineamientos establecidos por la legislación ambiental vigente.

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