presidenta de ziltlaltepec desaparecion 20 millones

🧾 Zitlaltepec: Crónica de una omisión deliberada y punible🌐 www.peligrosa.mx 📻 http://tun.in/sfFLp #1370AM #1600AM🎧 https://rss.com/es/podcasts/peligrosa1370am/ 🎉🥳🎊 🌟✨ 📻🎶🎵https://stream.zeno.fm/ktezveaxxjzvv 📲🎸🪇🎹🔊 https://www.iheart.com/live/mas-peligrosa-1370-y-1600-am-10754/

Análisis político-legal | La Más Peligrosa Radio

La situación que hoy se vive en Zitlaltepec de Trinidad Sánchez Santos ya no es solo un ejemplo de incapacidad administrativa: es una posible configuración de delito administrativo y desvío de recursos públicos. A la fecha, la presidenta municipal ha incumplido de manera grave con su deber constitucional de rendición de cuentas, desobedeciendo de forma directa lo establecido en la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Tlaxcala.

Según lo revelado por el diputado Bladimir Zainos Flores, presidente de la Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso local, Zitlaltepec es el único ente fiscalizable que no ha entregado su cuenta pública, lo cual representa una omisión legal que debe tener consecuencias inmediatas. El monto no reportado asciende a casi 20 millones de pesos, cantidad suficiente para configurar responsabilidad administrativa grave y abrir la puerta a acciones legales por daño patrimonial al erario público.

Y el escándalo no termina ahí. Mientras la presidenta municipal permanece desaparecida —al menos institucionalmente—, el municipio ya fue contemplado para recibir más de 60 millones de pesos en participaciones estatales durante 2025. ¿Cómo puede el gobierno del estado seguir canalizando recursos a una administración que ni informa, ni responde, ni opera con transparencia mínima?

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Esta situación amerita no solo una sanción política, sino también una investigación penal por parte del Órgano de Fiscalización Superior del Estado (OFS), la Auditoría Superior de la Federación (si hubo recursos federales implicados), y eventualmente, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. Porque lo que está en juego no es solamente una falla administrativa: es el uso fraudulento y opaco de los recursos del pueblo.

Los actos —u omisiones— de esta presidencia municipal atentan directamente contra el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual exige que los recursos públicos se administren con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez. Lo que ocurre en Zitlaltepec es la negación absoluta de estos principios.

La inacción del Congreso para proceder con medidas correctivas enviaría un mensaje peligroso: que la negligencia institucional es tolerada si se ejerce con cinismo y silencio. Es hora de que las instituciones respondan, que el Congreso local actúe con firmeza y que se exijan cuentas, incluso si esto implica la suspensión o destitución de la presidenta municipal por incumplimiento de funciones esenciales.

En Zitlaltepec no solo falta la basura en las calles o la obra pública visible. Falta el respeto a la ley, a los votantes, y al concepto mismo de gobierno democrático. Si no se toman medidas ahora, ¿cuántos otros municipios seguirán este modelo de impunidad disfrazada de silencio?

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