MINTIÓ GOBIERNO EN PRECIOS DE SOFTWARE PARA INTERVENIR COMUNICACIONES Y MEJORAR SEGURIDAD: VIDEO SYNOPSIS COSTÓ 7.3 MDP Y CARBYNE 2.5 MDP

La administración estatal encabezada por Lorena Cuéllar Cisneros habría reportado cifras distintas a las que realmente se pagaron por la adquisición de software especializado para monitoreo de comunicaciones y análisis de información, de acuerdo con documentos oficiales obtenidos por Objetivo AM.

La información consultada revela que el software Video Synopsis no tuvo un costo de 1.5 millones de pesos, como fue informado públicamente, sino que ascendió a 7 millones 363 mil 639.40 pesos con IVA incluido. De igual manera, la licencia de Carbyne no representó una inversión de 8.5 millones de pesos, sino de 2 millones 498 mil 332.60 pesos.

Los documentos ponen en entredicho las declaraciones realizadas por el entonces secretario de Gobierno, Sergio González Hernández, durante su comparecencia ante el Congreso del Estado el 15 de febrero de 2022, cuando defendió la adquisición de dichas herramientas tecnológicas argumentando que serían utilizadas para fortalecer las tareas de seguridad pública y procuración de justicia.

En aquella ocasión, González Hernández afirmó ante los legisladores que el sistema Carbyne tuvo un costo de 8.5 millones de pesos para fortalecer la operación del servicio de emergencias 911, mientras que Video Synopsis había significado una inversión de apenas 1.5 millones de pesos destinada a labores de investigación en la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado.

Sin embargo, la documentación obtenida por este medio muestra una realidad distinta. El contrato para la adquisición del software Video Synopsis fue adjudicado a la empresa Sistemas Digitales de Información S.A. de C.V., con domicilio fiscal en el fraccionamiento Club de Golf Las Fuentes, en la ciudad de Puebla, por un monto total de 7 millones 363 mil 639.40 pesos.

Asimismo, se establece que el 13 de diciembre de 2021, el oficial mayor Ramiro Vivanco Chedraui, el secretario de Gobierno Sergio González Hernández y el titular del Centro Estatal de Seguridad Pública, Maximino Hernández Pulido, suscribieron un contrato con la empresa Global Business Solucion SAPI de C.V., con domicilio fiscal en Monterrey, Nuevo León, para la adquisición de la licencia Carbyne.

El monto pactado en dicho contrato fue de 2 millones 498 mil 332.60 pesos, cifra significativamente menor a los 8.5 millones de pesos reportados públicamente por el entonces responsable de la política interior del estado.

A más de cuatro años de aquellas declaraciones, no existe una explicación pública por parte del gobierno estatal respecto a las diferencias detectadas entre los montos informados oficialmente y los establecidos en los contratos correspondientes.

El caso vuelve a colocar bajo escrutinio el manejo de recursos públicos destinados a tecnología de vigilancia y seguridad, particularmente por tratarse de herramientas que en su momento generaron cuestionamientos de diversos sectores políticos y sociales ante la posibilidad de que fueran utilizadas para labores de espionaje o intervención de comunicaciones.

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