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DIPUTADOS APRUEBAN HASTA 20 AÑOS DE PRISIÓN POR RECLUTAMIENTO FORZADO

hace 2 horas
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DIPUTADOS APRUEBAN HASTA 20 AÑOS DE PRISIÓN POR RECLUTAMIENTO FORZADO

La reforma contempla castigos más severos cuando las víctimas sean menores de edad o se encuentren en condiciones de vulnerabilidad. El dictamen fue enviado al Senado para continuar su proceso legislativo.

La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad, con 419 votos a favor, una propuesta para tipificar y sancionar el reclutamiento forzado con penas de entre 15 y 20 años de prisión. El dictamen fue remitido al Senado de la República para su análisis y eventual aprobación.

La iniciativa busca castigar a quienes obliguen, amenacen, engañen o presionen a una persona para incorporarla a organizaciones criminales, mediante violencia física o moral, coerción económica o el aprovechamiento de condiciones de extrema vulnerabilidad.

Las conductas contempladas incluyen reclutar personas para integrarlas a asociaciones delictuosas, bandas, pandillas o grupos delictivos organizados, ya sea para participar directamente en actividades ilícitas o realizar tareas de vigilancia, logística y otros servicios para esas estructuras.

MENORES DE EDAD, ENTRE LAS PRINCIPALES VÍCTIMAS PROTEGIDAS

Uno de los puntos centrales de la propuesta establece que cualquier reclutamiento de niñas, niños y adolescentes será considerado reclutamiento forzado, con las consecuencias penales correspondientes.

El dictamen también contempla el incremento de las sanciones hasta en una mitad cuando el responsable trabaje o haya trabajado en una empresa de seguridad privada y utilice conocimientos, capacitación o información confidencial obtenidos durante sus funciones para cometer el delito. La misma agravante se prevé cuando el responsable se ostente como servidor público.

Las penas también podrán aumentar cuando las víctimas pertenezcan a comunidades indígenas o afromexicanas, se encuentren en situación de movilidad humana, independientemente de su condición migratoria, o sean sometidas a lesiones, tortura, violencia sexual, privación de la libertad, fanatismo religioso o tratos crueles, inhumanos o degradantes.

LA REFORMA AÚN DEBE PASAR POR EL SENADO

Aunque la Cámara de Diputados respaldó la propuesta por unanimidad, el proceso legislativo todavía debe continuar en el Senado. Por ello, la aprobación en la Cámara baja no significa, por sí sola, que las nuevas sanciones ya estén vigentes.

El avance de esta iniciativa coloca sobre la mesa la discusión acerca de la responsabilidad de las autoridades para prevenir el reclutamiento de personas por parte de grupos criminales, así como la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección para quienes enfrentan amenazas, violencia o condiciones que facilitan su captación.

El reto no se limita a establecer años de cárcel: también implica detectar oportunamente estas prácticas, proteger a las víctimas y garantizar que las denuncias se investiguen de manera efectiva.

La pregunta pendiente es cómo se traducirá esta reforma en resultados concretos para impedir que más personas, particularmente menores de edad, sean incorporadas por la fuerza a las filas del crimen organizado.

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