APRUEBA CONGRESO CAMBIOS A LOS PLAZOS DE REVISIÓN DE CUENTAS PÚBLICAS; SURGEN CUESTIONAMIENTOS SOBRE TRANSPARENCIA

Integrantes de la LXV Legislatura de Tlaxcala aprobaron modificaciones a los tiempos legales para la recepción y análisis de los Informes Individuales de Cuentas Públicas, una iniciativa impulsada por la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros que adelantará la entrega de información fiscal en años electorales.

La reforma modifica los plazos establecidos en la legislación local para que el Órgano de Fiscalización Superior remita al Congreso los informes derivados de la revisión de los recursos públicos ejercidos por las distintas entidades gubernamentales.

Hasta antes de la modificación, la ley contemplaba que las cuentas públicas fueran dictaminadas a más tardar el 31 de agosto del año siguiente al ejercicio fiscal revisado. En años de renovación de poderes y ayuntamientos, el plazo se extendía hasta el 15 de diciembre.

Con la reforma aprobada, el OFS deberá entregar los informes correspondientes al primer y segundo semestre del ejercicio fiscal antes del 18 de agosto cuando se trate de procesos de renovación de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, mientras que para los ayuntamientos la fecha límite será el 1 de octubre.

De acuerdo con la argumentación presentada por el Ejecutivo estatal, la medida busca que el Congreso disponga con mayor anticipación de los elementos técnicos necesarios para fortalecer la revisión de las cuentas públicas y evitar rezagos en el procedimiento fiscalizador.

Sin embargo, la aprobación de esta reforma ha generado críticas entre algunos sectores, quienes consideran que la modificación podría facilitar que las administraciones salientes concluyan sus funciones con menor escrutinio público en etapas clave de la revisión financiera.

Los cuestionamientos también se centran en que las nuevas disposiciones beneficiarían principalmente a los poderes Ejecutivo y Legislativo, así como a los ayuntamientos, mientras que organismos autónomos y el Poder Judicial mantienen esquemas distintos de revisión.

Analistas han señalado que la fiscalización de los recursos públicos constituye una de las principales herramientas de rendición de cuentas y combate a la corrupción, por lo que cualquier modificación a los tiempos y procedimientos suele generar debate sobre sus posibles implicaciones en materia de transparencia.

A pesar de las críticas, la mayoría legislativa respaldó la propuesta enviada por el Ejecutivo estatal, permitiendo que las nuevas reglas entren en vigor para los próximos procesos de fiscalización relacionados con ejercicios coincidentes con periodos electorales.

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