VINCULAN A DELEGADA DE BIENESTAR CON OPERADOR DEL CJNG EN PUEBLA

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La delegada de Programas para el Bienestar en Libres, Anallely López Hernández, mantiene vínculos con Nazario N., identificado por la Fiscalía General de la República como presunto operador del Cártel Jalisco Nueva Generación en la región de Oriental. La información documenta la relación entre la funcionaria federal y el detenido el pasado 15 de octubre por delitos contra la salud y posesión de armas.

La detención de Nazario N. ocurrió durante un operativo de la FGR en Guadalajara, Jalisco. En el procedimiento participaron elementos federales que aseguraron narcóticos, armas de fuego y vehículos como parte de las evidencias. Los cateos se realizaron en cumplimiento de órdenes judiciales emitidas por autoridades competentes.

El presunto delincuente ocupaba el cargo de secretario del Frente Transportista de la CTM en Jalisco. Esta posición le permitió establecer conexiones con diversos actores políticos en múltiples regiones del país, según consta en investigaciones periodísticas.

Entre sus allegados figura el alcalde de Libres, Fidel Flores, quien reconoció públicamente a Nazario N. durante su informe de gobierno municipal. El edil se refirió al detenido como parte de su "equipo de trabajo" en dicha acta protocolaria.

Medios nacionales publicaron fotografías que muestran a la delegada López Hernández junto al presunto operador criminal. La funcionaria justificó estas imágenes como "coincidencias protocolarias" propias de su encargo, pero negó cualquier relación personal o laboral con el imputado.

La servidora pública exhibe en sus redes sociales posesiones de alto valor, entre ellas una camioneta Jeep Wrangler Rubicon valorada en más de un millón de pesos. También documenta viajes recientes a Las Vegas, Disneyland Resort y Colombia a través de plataformas digitales.

La delegada se graduó recientemente de la licenciatura en Derecho en la BUAP antes de asumir su cargo federal. La situación plantea interrogantes sobre los procesos de selección y supervisión de funcionarios públicos en contacto con programas sociales federales.