IRREGULARIDADES EN ARRENDAMIENTO DE PATRULLAS EN HUAMANTLA, SÍMBOLO DE OPECIDAD EN EL MANEJO DE FONDOS PÚBLICOS

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El Órgano de Fiscalización Superior del estado de Tlaxcala detectó irregularidades en el contrato de arrendamiento de diez camionetas para seguridad pública en el municipio de Huamantla, con un monto cercano a los diez millones de pesos. La operación careció de los procesos de licitación establecidos en la normatividad.

El informe de resultados de la fiscalización de la cuenta pública 2023 incluye esta observación entre un total de 27 adjudicaciones directas identificadas como irregulares. El documento especifica la falta de procedimientos de concurso para la adquisición de bienes y servicios.

El hallazgo principal corresponde a pagos por el arrendamiento de diez vehículos para la Dirección de Seguridad Pública. El monto total reportado asciende a 10 millones de pesos. La transacción se realizó sin la licitación pública que exige la ley para el uso de recursos federales.

La administración municipal, encabezada por el alcalde Salvador Santos Cedillo, enfrenta señalamientos por opacidad en el manejo de fondos públicos. La falta de documentación accesible impide la verificación ciudadana de los términos contractuales.

El estándar municipal de referencia indica la necesidad de contar con 46 patrullas para operar con eficacia. El parque vehicular actual de la policía local consta de aproximadamente 20 unidades, según datos del mismo informe de fiscalización.

En declaraciones públicas, el alcalde Santos Cedillo atribuyó la situación a limitaciones financieras. Mencionó que los recursos del Fondo Fortamun no resultan suficientes para cubrir necesidades como uniformes, patrullas y servicios básicos para el cuerpo policial.

La revisión de los portales de transparencia oficiales no permitió localizar el contrato de arrendamiento. No se identificaron documentos con fechas precisas, proveedor específico o plazos de vigencia para la renta de las patrullas.

En el portal de transparencia del estado de Tlaxcala aparece registrado un contrato con el número “2_211‑1‑2024 AD”, adjudicado directamente a la empresa Servicios Técnicos y Especializados Corzam, S.A. de C.V. Este documento, con un monto de 57,188 pesos, tiene como objeto “Servicios de Jardinería y Fumigación”, no el arrendamiento de vehículos policiales.

No se encontró en CompraNet ni en los portales de transparencia municipal o estatal ningún contrato que coincida con la magnitud reportada por el órgano fiscalizador. La ausencia de convocatorias públicas visibles refuerza las observaciones sobre opacidad en el proceso.

Medios locales reportaron que el municipio de Huamantla acumula observaciones por posible daño patrimonial que superan los 24 millones de pesos correspondientes al ejercicio fiscal 2023. El arrendamiento de patrullas constituye una parte significativa de este monto.

Existe un precedente en la capital de Tlaxcala, donde una solicitud de información sobre arrendamiento de patrullas recibió la clasificación de “reservada”. Esta situación genera interrogantes sobre la accesibilidad a la información pública en materia de seguridad.

La falta de datos públicos impide confirmar si las unidades rentadas fueron entregadas al cuerpo policial. Tampoco existe información oficial sobre su estado técnico o su incorporación efectiva a las operaciones de seguridad ciudadana.

Se desconoce si la administración municipal planea la compra definitiva de las unidades o la renovación del contrato de arrendamiento. La incertidumbre sobre la estrategia de movilidad para la policía persiste.

La Ley General de Contrataciones Públicas establece la obligación de realizar licitaciones públicas para garantizar la transparencia en el uso de recursos federales. Las adjudicaciones directas constituyen una excepción que requiere justificación técnica o de emergencia.

El manual de procedimientos del municipio de Huamantla establece los lineamientos para las adquisiciones y arrendamientos. La falta de apego a estos procedimientos puede derivar en responsabilidades administrativas para los servidores públicos involucrados.

La Ley Nacional de Mecanismos de Participación Ciudadana establece el derecho de los ciudadanos a solicitar rendición de cuentas sobre el uso de recursos públicos. Las organizaciones de sociedad civil pueden presentar peticiones formales al cabildo municipal.

El manual de transparencia municipal clasifica la información sobre contratos de seguridad como “reservada” cuando su difusión pueda comprometer operativos policiales. Sin embargo, los montos y términos generales de los contratos deben mantenerse en acceso público.

La administración de Salvador Santos Cedillo enfrenta el reto de comprobar la legalidad del procedimiento de arrendamiento. La falta de documentación accesible dificulta el escrutinio público sobre el manejo de casi diez millones de pesos del erario.

La suficiencia vehicular de la policía municipal representa un factor crítico para la seguridad ciudadana. La diferencia entre el parque actual y el estándar recomendado afecta la capacidad de respuesta ante emergencias y la cobertura territorial.

La transparencia en las contrataciones públicas constituye un pilar fundamental para la rendición de cuentas. La ausencia de información verificable sobre contratos millonarios genera desconfianza en las instituciones y debilita el Estado de derecho.

El caso de Huamantla refleja la necesidad de fortalecer los mecanismos de control interno en los municipios. La vigilancia ciudadana organizada puede coadyuvar en la detección oportuna de irregularidades en el manejo de recursos públicos.

La resolución de estas observaciones determinará el impacto en la gestión administrativa del municipio. La correcta aplicación de los recursos públicos representa una obligación legal y ética para todo servidor público.

La sociedad tlaxcalteca mantiene expectativa sobre la resolución de este caso. La transparencia en la fiscalización y la debida respuesta de las autoridades municipales serán fundamentales para el restablecimiento de la confianza ciudadana.