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🚨 INVESTIGAN EN TLAXCALA SIETE CASOS DE CERTIFICADOS DE DEFUNCIÓN FALSOS Y USURPACIÓN DE IDENTIDAD ⚠️📄🕵️‍♂️

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala mantiene abiertas al menos siete carpetas de investigación relacionadas con presuntos delitos de falsificación de certificados de defunción y usurpación de identidad 🚨📑, reveló el titular de la Secretaría de Salud estatal.

El secretario de Salud, Rigoberto Zamudio Meneses, informó que las denuncias penales derivan principalmente de hechos detectados en municipios como Amaxac de Guerrero, así como en Contla y San Pablo del Monte, donde presuntamente se expedían certificados apócrifos ⚖️📄.

Aunque el funcionario evitó precisar fechas o mayores detalles sobre las investigaciones, confirmó que las indagatorias fueron iniciadas a partir de denuncias presentadas por la propia Secretaría de Salud estatal 🏥🔍.

El tema no es nuevo. En noviembre de 2024, cuando el gobierno estatal puso en marcha el Certificado Electrónico de Defunción (CEDe) 💻📑, el propio Zamudio Meneses reconoció públicamente que en Tlaxcala existía venta ilegal de certificados de defunción.

Durante aquel anuncio, realizado ante la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros y representantes de la Organización Panamericana de la Salud, el funcionario aseguró que la comercialización irregular de esos documentos ocurría no solo en centros de salud y jurisdicciones sanitarias, sino también en funerarias y hospitales ⚠️🏥💰.

Sin embargo, en ese momento no se informó cuántas denuncias penales habían sido presentadas ni desde cuándo las autoridades sanitarias habían detectado estas irregularidades 🚨📉.

Posteriormente, al solicitar información sobre el número de denuncias relacionadas con certificados falsos desde el inicio de la actual administración estatal, la Fiscalía respondió que los datos eran considerados “información reservada” 📂🔒.

La dependencia encabezada por Ernestina Carro Roldán no detalló las razones jurídicas de dicha clasificación ni el tiempo durante el cual permanecerá restringida la información ⚖️❓.

Tampoco aclaró si realizó la llamada “prueba de daño”, mecanismo contemplado en la legislación de transparencia para justificar legalmente la reserva de información pública 📑⚠️.

Este caso vuelve a poner bajo la lupa los mecanismos de control y vigilancia sobre documentos oficiales sensibles, así como la posible operación de redes dedicadas a la expedición irregular de certificados que podrían ser utilizados para diversos actos ilícitos 🚔🕵️‍♀️📄.

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