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IGNORAN ALCALDES INCONSTITUCIONALIDAD DEL COBRO DE ALUMBRADO PÚBLICO Y PIDEN AL LEGISLATIVO APROBARL

Autoridades de siete municipios solicitaron al Congreso local la inclusión del cobro del Derecho de Alumbrado Público (DAP) en sus respectivas leyes de ingresos para el ejercicio fiscal 2024 “con sus modificaciones”, sin tomar en cuenta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional esa medida y recomendó no repetirla.

La petición fue realizada a través de oficios enviados a la LXIV Legislatura, a los cuales se les dio entrada en la sesión ordinaria del martes 3 de octubre.

Quienes piden la inclusión del DAP en sus leyes de ingresos para el próximo año con los presidentes municipales de Zitlaltépec de Trinidad Sánchez Santos, Tepeyanco, Santa Catarina Ayometla, Chiautempan, Contla de Juan Cuamatzi, Mazatecochco de José María Morelos y Santa Cruz Tlaxcala.

El pasado 5 de septiembre, tras detectar “vicios de inconstitucionalidad”, el máximo tribunal del país invalidó diversas disposiciones de las leyes de ingresos de 18 municipios de Tlaxcala para el ejercicio fiscal de 2023, en las que se preveían cobros excesivos e injustificados por concepto de varios servicios.

En materia de alumbrado público, la Suprema Corte dejó sin efecto los cobros que se determinaban en función del beneficio en metros luz, de acuerdo con el frente de cada predio, lo que vulneraba los principios de proporcionalidad y equidad tributarios, al tomarse en cuenta elementos ajenos al costo que representa para el municipio la prestación del servicio.

Los artículos invalidados que tienen relación con dicho servicio, son los contenidos en las leyes de ingresos de El Carmen Tequexquitla, Ixtacuixtla, Papalotla, Santa Ana Nopalucan, Santa Catarina Ayometla, Tepeyanco, Terrenate, Xaloztoc, Xaltocan, Zacatelco, Yauhquemehcan, Tetlatlahuca, Tetla, San Pablo del Monte, Calpulalpan y Huamantla.

Incluso, a solicitud de la ministra ponente, Yasmín Esquivel Mossa, el pleno de la SCJN exhortó al Poder Legislativo de Tlaxcala “para que en el futuro se abstenga de emitir normas que presenten el mismo vicio de inconstitucionalidad”.

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