PRESIDENTA DEL TSJE SE DESLINDA DE RESPONSABILIDAD EN REVISIÓN DE CANDIDATOS A JUECES Y MAGISTRADOS
- Edgar Ramón Conde Carmona
- hace 7 horas
- 2 Min. de lectura
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El Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) no participó en la verificación de antecedentes de las personas aspirantes a cargos judiciales en el proceso electoral del 1 de junio. La presidenta del organismo, Anel Bañuelos Meneses, afirmó que dicha tarea recayó en los Comités de Evaluación, tanto federales como locales.
La magistrada precisó que la función de estos comités concluyó al validar los perfiles que actualmente participan en la contienda. “Ya hubo un Comité de Evaluación que realizó los filtros correspondientes. Nosotros nos encontramos en otra etapa, la de la elección”, sostuvo Bañuelos Meneses.
Ante los señalamientos públicos por la posible postulación de personas con antecedentes legales o conductas cuestionables, la titular del Poder Judicial del estado reiteró que su función no incluye revisar requisitos ni antecedentes de los 144 aspirantes que buscan uno de los 36 cargos disponibles. “Por el cargo que ostento, no debo intervenir en esas cuestiones. No me corresponde”, declaró.
Al ser consultada sobre la existencia de denuncias por incumplimiento de pensiones alimenticias o registros por faltas administrativas entre los perfiles registrados, negó tener información sobre dichos casos. Señaló que cualquier verificación al respecto correspondía a la fase de evaluación inicial.
La elección judicial se enmarca en un esquema piloto impulsado por la reforma constitucional de 2023. Este modelo propone que la ciudadanía elija de forma directa a jueces y magistrados, lo que implica un cambio en la forma de designación de autoridades judiciales en varias entidades del país.
En el caso de Tlaxcala, el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) será la autoridad encargada de organizar el proceso, que se llevará a cabo el mismo día que la elección federal. Las campañas iniciaron el 29 de abril y concluirán el 28 de mayo.
Pese al carácter inédito de la medida, organizaciones de la sociedad civil y sectores académicos han expresado inquietudes ante la falta de claridad en los criterios de selección y el limitado acceso a información sobre los perfiles registrados. La elección se realizará el próximo 1 de junio.
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