OBLIGAN A AUTORIDADES MUNICIPALES A ACUDIR PERSONALMENTE A LUGARES DONDE HAYA INTENTOS DE LINCHAMIENTO Y “MEDIAR” CON INCONFORMES

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(Fabián Robles / 10 de julio 2025) A partir del primer día de este mes, las personas titulares de los 60 ayuntamientos, junto con sus respectivos directores de seguridad pública, están obligados a acudir personalmente a las comunidades de sus respectivas demarcaciones donde haya reportes de intentos de lichamiento e iniciar la mediación respectiva con pobladores inconformes, a fin de evitar ejecuciones de gente detenida por participar en algún ilícito.

Ese fue el principal compromiso que el gobierno del estado obligó a asumir a presidentes municipales y alcaldesas la mañana del pasado 1 de julio, durante la firma de actualización del Protocolo de Actuación para Casos de Linchamiento en Tlaxcala acto que, por cierto, coincidió con una tentativa de ejecución por pobladores del municipio de San Juan Huactzinco.

El 18 de julio de 2022 fue presentado el protocolo referido a las autoridades municipales y de seguridad, el cual fue modificado seis meses después de que cobrara vigencia.  Ahora, la nueva “actualización” tuvo lugar en la 12° reunión de la Mesa Interregional para la Construcción de Paz del estado.

De acuerdo con la versión de algunas autoridades municipales —que pidieron la gracia del anonimato por temor a represalias—, se les comprometió a trasladarse al lugar donde haya algún intento de linchamiento e iniciar la mediación con los inconformes “hasta que arribe personal de la Dirección de Gobernación”, dependiente de la Secretaría de Gobierno (Segob) para que “coadyuve” en las negociaciones.

Eso sí, les advirtieron que primero deben verificar que haya “condiciones de negociar”, además de dejarles en claro que, sin excusa alguna, como primeros respondientes deben actuar los policías municipales de la demarcación donde se presente alguno de esos eventos.

Si existen las condiciones para “mediar”, entonces se negocia y se extrae al o los presuntos responsables retenidos por la turba para ponerlos a disposición de las autoridades competentes, aunque solo dispondrán de diez minutos para llegar a un acuerdo.

Si no se puede dialogar para lograr acuerdos, entonces se recurre a la “estrategia de extracción” con el apoyo de policías estatales, se rescata al o los acusados para llevarlos ante el Ministerio Público y, en caso de ser necesario porque estén heridos, se les traslada a algún nosocomio para que reciban atención médica.

En caso de ser necesaria la extracción “se utilizará la fuerza”, y se pondrá a disposición de la fiscalía general de Justicia del Estado a quien sea señalado de algún ilícito, y si se trata de un menor de edad se notificará a la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes (Ppnna).

Si desafortunadamente la o las personas acusadas son privadas de la vida a manos de una turba, la instrucción es que intervengan las fuerzas del orden para resguardar el lugar de los hechos y dar aviso a Servicios Periciales, se brindará apoyo para las diligencias respectivas, y se entregará el lugar a la FGJE; en caso de tratarse de algún menor, se notificará a la Ppnna.

Además, si se trata de uno de estos últimos supuestos, se notificará a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de Tlaxcala (Ceavit) para que brinde atención y asistencia de víctimas y ofendidos.

Como mecanismo de notificación, las autoridades municipales fueron instruidas para que, como primeros respondientes, informen “por cualquier medio” a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Dirección de Gobernación, a la Ceavit, a la FGJE o al Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (Sesesp).

También se notificará al C5i para que, a través de las cámaras de videovigilancia, emprenda el monitoreo respectivo que permita “identificar factores que obstruyan la intervención policial o cuerpos de emergencia” y también para detectar a personas incitadoras.