LLAMA LA CEDHT A AUTORIDADES Y SOCIEDAD A “TRADUCIR EN UNA REALIDAD TANGIBLE” LA DESPENALIZACIÓN DEL ABORTO EN TLAXCALA

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Tras hacer un llamado a sociedad y autoridades para que contribuyan a que este fallo histórico sobre la despenalización del aborto “se traduzca en una realidad tangible”, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala (CEDHT) advirtió que, al resolver la Acción de Inconstitucionalidad 89/2024, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) “solo ha votado el proyecto, por lo que el engrose aún no ha sido emitido y, en términos jurídicos, la sentencia final podría tardar algunos meses en estar disponible de manera íntegra”.

El organismo autónomo fijó un posicionamiento sobre la sentencia emitida ayer por el máximo tribunal del país por la que invalida diversas disposiciones de la Ley de Salud del Estado de Tlaxcala y del Código Penal de la entidad “que imponían barreras indebidas a las personas víctimas de violencia familiar o sexual, así como a las mujeres y personas gestantes” en materia de aborto.

“Esta sentencia declara inválidas diversas disposiciones de la Ley de Salud del Estado de Tlaxcala por contravenir derechos fundamentales, específicamente aquellas que condicionaban la atención médica a víctimas de violencia familiar o sexual a la apertura de una investigación ministerial; que exigían autorización de madres, padres o tutores para el acceso de niñas y adolescentes a la anticoncepción de emergencia; y que supeditaban la interrupción legal del embarazo a una autorización previa del Ministerio Público”, recordó la CEDHT.

El organismo, presidido por Jakqueline Ordóñez Brasdefer, consideró que esa decisión judicial “constituye un avance fundamental en la protección y garantía de los derechos humanos en nuestra entidad, al eliminar barreras normativas que perpetuaban la revictimización, vulneraban la autonomía personal y obstaculizaban el acceso inmediato y efectivo a la salud”.

Subrayó que la sentencia “reafirma el carácter primordial, autónomo e incondicional del derecho a la salud y de los derechos sexuales y reproductivos, los cuales deben ser garantizados por el Estado sin dilaciones ni requisitos injustificados”.

En consecuencia, precisó, y una vez que la declaratoria de invalidez surta efectos al día siguiente de su notificación al Congreso del estado (lo que se actualizará en un tiempo razonable), “se impone la obligación urgente e ineludible para todas las autoridades de Tlaxcala de adecuar el marco normativo y las prácticas institucionales a este mandato constitucional”.

Advirtió que es preciso que el Poder Legislativo local inicie el proceso de armonización para eliminar del ordenamiento jurídico estatal cualquier disposición contraria al fallo.

De manera paralela, abundó la CEDHT, el Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Salud, “debe emitir los lineamientos, circulares y protocolos necesarios para que todo el personal médico y administrativo brinde atención sin condicionamientos, garantizando la disponibilidad de servicios y la capacitación respectiva”.

Mientras que la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) “debe abstener de exigir o condicionar trámites ministeriales para la prestación de servicios de salud, ajustando sus protocolos de coordinación con las instituciones médicas. Asimismo, el Sistema Estatal DIF y los sesenta ayuntamientos tienen la responsabilidad de adecuar sus programas de protección y difundir ampliamente estos derechos en sus territorios, con especial atención a las comunidades indígenas, rurales y en situación de vulnerabilidad”.

El organismo autónomo refrendó su compromiso de observancia, acompañamiento y defensa ante este proceso y se comprometió a dar seguimiento a la implementación de la sentencia de la SCJN, a brindar asesoría a las personas que enfrenten resistencia institucional y promover acciones de capacitación dirigidas a servidores públicos.

Apuntó que, en caso de detectar incumplimiento, “emprenderemos las acciones de vinculación o de queja que sean necesarias para garantizar el pleno respeto a los derechos humanos”.

Llamó “a todas las instancias de gobierno, a la sociedad civil y a la ciudadanía en general” a que, en el ámbito de sus respectivas competencias, “contribuyan a que este fallo histórico se traduzca en una realidad tangible que mejore la vida de todas las personas en Tlaxcala, especialmente de las mujeres, niñas, adolescentes y personas con capacidad de gestar que se encuentran en situación de vulnerabilidad”.