LA TRATA DE PERSONAS CON FINES DE EXPLOTACIÓN SEXUAL, UN PROBLEMA POCO ATENDIDO Y BASTANTE GRAVE EN TLAXCALA Y PUEBLA

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Una de las violaciones a los derechos humanos más graves y menos atendidas de la región es la trata de personas con fines de explotación sexual.

Representantes de organizaciones civiles y académicas han alzado la voz, denunciando que este fenómeno, que afecta particularmente a mujeres y niñas, sigue siendo un problema poco perseguido y bastante grave en los estados de Puebla y Tlaxcala.

A pesar de la existencia del Protocolo de Palermo y la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, la violencia sistemática persiste.

Académicos y expertos, incluyendo representantes del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría SJ de la Ibero Puebla, y del Centro Fray Julián Garcés, advierten que en Tlaxcala y Puebla la trata de personas se vincula directamente con delitos como la desaparición forzada y el feminicidio. Esta conexión denota no solo la magnitud del problema, sino el patrón sistemático de violencia contra la mujer en estos territorios.

Como prueba de esta crisis, ambos estados tienen activa una Declaración de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres. Sin embargo, la preocupación crece: las organizaciones recordaron que las acciones urgentes que el Estado debe realizar para eliminar estas violencias no se han cumplido en ninguna de las dos entidades federativas.

Los datos disponibles solo confirman la continuidad del problema:

En Puebla, la Fiscalía General de Justicia reportó el inicio de 257 investigaciones entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2022. En estos casos se identificaron 280 víctimas, de las cuales el 63% son mujeres (177 víctimas). Las áreas de riesgo identificadas incluyen la Sierra Norte, Tehuacán, Puebla capital, y Huauchinango, entre otros municipios.

El alcance del crimen organizado es nacional e internacional. De acuerdo con un seguimiento hemerográfico, las redes de trata locales de Tlaxcala enganchan a mujeres y niñas en 17 estados de la República, las prostituyen en 21 entidades y operan también para explotación sexual en siete demarcaciones de los Estados Unidos.

A pesar de esta actividad documentada, las cifras oficiales generan profunda preocupación:

* De 2022 a junio de 2025, la Fiscalía de Tlaxcala abrió 19 carpetas de investigación por el delito de trata de personas.

* En ese mismo periodo, la Fiscalía General de Justicia de Tlaxcala atendió a 53 mujeres víctimas de trata con fines sexuales.

* Sin embargo, estas cifras contrastan fuertemente con los informes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), que no reportan un solo caso para Tlaxcala de enero de 2023 a septiembre de 2025.

LA DEUDA INSTITUCIONAL: SIN REFUGIOS ESPECIALIZADOS

Más allá de las cifras y la impunidad, hay un fallo crítico en la protección a las sobrevivientes. Los especialistas advierten que "preocupa que hasta la fecha Tlaxcala no cuente con un refugio especializado que proteja a las víctimas" y les brinde apoyo en su proceso de reconstrucción de vida.

Ante este panorama, las organizaciones exigen a los gobiernos de Puebla y Tlaxcala un cambio de ruta:

1. Fortalecer la aplicación de la legislación para prevenir la trata, proteger a las víctimas y garantizarles acceso a la justicia.

2. Impulsar la creación de refugios regulados por el Estado.

3. Coordinar los esfuerzos de las fiscalías con las Comisiones de Búsqueda de Personas Desaparecidas para la localización inmediata de mujeres reportadas como desaparecidas, especialmente si hay vínculos con redes de trata.

4. Capacitar continuamente a los operadores de justicia para evitar la revictimización y sancionar a los responsables acorde a los impactos que han dejado en las víctimas.

5. Impulsar procesos de prevención de trata en las escuelas de todos los niveles, basados en el contexto regional y con una perspectiva comunitaria y antipatriarcal.

La trata de personas es un delito que despoja de la dignidad y la vida. Es imperativo que los gobiernos de Puebla y Tlaxcala dejen atrás la inacción y honren la ley para proteger a las víctimas y desmantelar estas redes de explotación.