INFORME DE LA CEDHT DESVELA QUE AUTORIDADES SIMULAN CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES: DE 33, CASI LA MITAD HAN SIDO ATENDIDAS DE MANERA PARCIAL

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(Fabián Robles/30 de junio 2025) De las 33 recomendaciones —tres generales y 30 particulares— emitidas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala (CEDHT) entre enero de 2022 y mayo de 2025, solo prácticamente la mitad (16) han sido cumplidas parcialmente y de éstas casi todas corresponden a autoridades municipales.

Además, hay otras once que han sido cumplidas, dos no aceptadas pero concluidas, una no aceptada y en trámite, y tres notificadas y en término para su posible aceptación.

De acuerdo con datos proporcionados por el organismo, a solicitud de este reportero, se pudo conocer que de las 33 recomendaciones 21 corresponden a 13 ayuntamientos, “lo cual refleja una presencia extendida de problemáticas institucionales a nivel local”. Las autoridades de Zacatelco y Apizaco son las que más suman con cuatro respectivamente, y Tlaxcala tres.

Las restantes fueron emitidas contra la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado (cuatro particulares y una general) que mutó a Fiscalía a partir de agosto de 2024; al Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala (IAIP-Tlax); a la Secretaría de Educación Pública del Estado (SEPE) y a la Secretaría de Salud (SESA).

Entre otros derechos humanos infringidos identificados en esas recomendaciones (algunas por tortura y detenciones arbitrarias) se encuentran: derecho a la legalidad y seguridad jurídica (cuatro casos), derecho a la propiedad y posesión (uno), derecho a las buenas prácticas de la administración pública (uno) derecho a la salud (uno), derecho a la vida (dos), y d la integridad y seguridad personal (uno).

Una de las recomendaciones generales fue emitida por las condiciones en que operaban a principios de 2022 los 60 Centros de Detención Preventiva Municipales, a partir del hallazgo de personas sin vida en varios de esos espacios —conocidos coloquialmente como separos— y que según reportes oficiales “se suicidaron”.

Sin embargo, en la revisión a esos lugares por parte de personal de la CEDHT —que derivó en la recomendación emitida el 31 de enero de 2022 y radicada con el número 01/2022—, policías municipales de Huamantla y Muñoz de Domingo Arenas” presentes al momento de la visita, negaron todo tipo de información y colaboración para la realización de la inspección ordenada”.

La otra recomendación general —con número de expediente 02/2022 y emitida el 12 de diciembre de ese año— fue por la “omisión de brindar protección, auxilio y seguridad pública de manera oportuna que derivó en acciones tendientes a linchamientos en el estado de Tlaxcala”.

Llama la atención que el documento proporcionado a este reportero se indique como autoridades destinatarias (obligadas en materia de prevención a violaciones de derechos humanos) de esa recomendación a la entonces procuradora (Ernestina Carro Roldán) y a presidentas y presidentes municipales en el estado, pero en el expediente 02/2022 se cite como autoridades responsables de violaciones a derechos humanos al titular responsable de la Secretaría de Seguridad CIudadana (SSC) y a los entonces alcaldes de Mazatecochco, Leandra Xicohténcatl Muñoz; de Chiautempan, Gustavo Jiménez Romero; y de Nopalucan, Pedro Pérez Vásquez.

La otra recomendación general —emitida el 16 de febrero de 2023 y radicada con el número 01/2023— derivó del “riesgo de afectación a derechos humanos de las activistas sociales por los derechos de las mujeres en el estado de Tlaxcala, e instrumentación de políticas de prevención contra violaciones a su integridad física y psicoemocional por parte de instituciones y operadores (sic) de la entidad, en el marco del Estado Constitucional de Derecho”.

Fue remitidas a los entonces titulares de la SSC, Ramón Celaya Gamboa; de la Segob, Sergio González Hernández; de la PGJE, Ernestina Carro Roldán; del Tribunal Superior de Justicia del Estado y del Consejo de la Judicatura, Mary Cruz Cortés Ornelas; y del diputado presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, Bladimir Zainos Flores.

Para emitir esa recomendación la CEDHT se enfocó en el registro de al menos ocho eventos de protesta social “que tuvieron mayor cobertura mediática” entre agosto de 2021 y diciembre de 2022 y que tuvieron “su origen, precisamente, en esa desconfianza en los cаnales institucionales para la resolución de los conflictos originados por diversos factores”.

Esos “eventos” fueron el 18 de septiembre de 2021, por un pronunciamiento de activistas sociales contra desapariciones y feminicidios; el 8 de marzo de 2022, por la manifestación de activistas en el marco del Día Internacional de la Mujer, y el 16 de marzo de 2022, por una protesta de mujeres activistas en la inauguración del Mundial de Playa; los tres hechos ocurridos en Tlaxcala capital.

Los otros tuvieron lugar el 30 de abril de 2022 por la colocación de fichas de mujeres desaparecidas en la capital; el 5 de mayo de ese mismo año, por protesta de madres de familia víctimas de violencia vicaria en Ciudad Judicial; el 20 de octubre, también de 2022, por marcha y protesta de estudiantes normalistas; el 29 de noviembre, por protesta de víctimas del delito; y el 11 de diciembre, por reclamos en Informe de Gobierno en Tlaxcala capital.