HELICÓPTEROS “MALINCHE” Y “TLAHUICOLE” VUELAN ENTRE NUBARRONES: EL GOBIERNO OCULTA DETALLES DE SUS OPERACIONES

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(Fabián Robles/14 de octubre/Segunda de III partes) El ocultamiento de información relacionada con los dos helicópteros propiedad del gobierno de Tlaxcala ha sido una constante desde el sexenio del entonces panista Héctor Israel Ortiz Ortiz (2005-2011) y hasta la fecha.

El talante opaco de las autoridades se mantuvo inalterable durante las administraciones de los priistas Mariano González Zarur y Marco Antonio Mena Rodríguez, y continúa con la morenista Lorena Cuéllar Cisneros.

Desde el año 2008 a la fecha, en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) suman más de 70 coincidencias de solicitudes de información —dirigidas tanto al despacho de la persona titular del Ejecutivo local, como a varias dependencias— relacionadas con las aeronaves “Malinche” y “Tlahuicole”.

A partir de entonces, el común denominador ha sido la negativa a informar, con datos precisos y claros, sobre el uso de los dos aparatos, usufructuarios, bitácoras, horas de vuelo, costos de operación y mantenimiento, así como nombres y salarios de los pilotos, entre otros datos que es importante conocer y que se deben transparentar.

Desde la semana pasada este reportero pidió información a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) datos sobre los vuelos realizados por esos dos helicópteros durante el gobierno de Lorena Cuéllar, pero no ha habido respuesta.

COMPRA CONFLICTIVA

Cuando Héctor Israel Ortiz Ortiz llegó a la titularidad del Ejecutivo local cobijado por el Partido Acción Nacional (PAN), compró con recursos públicos del ejercicio fiscal de 2008 un helicóptero nuevo para su uso personal, pero ocultó la información relativa a esa transacción y, por si fuera poco, merced a ese capricho, se ganó que la operación fuera observada como un gasto indebido por el gobierno federal.

Ante ese acto de opacidad, tuvo que ser la entonces senadora por Tlaxcala, Minerva Hernández Ramos, quien desvelara al periodista Juan Luis Cruz detalles del procedimiento de adjudicación directa a la empresa Jetheli Executive Services LTD, encargada de vender la aeronave modelo Bell 407 con número de serie 53855 al gobierno del estado.

De acuerdo con la nota publicada el 1 de marzo de 2010 en las páginas de La Jornada de Oriente y firmada por ese reportero, la entonces administración orticista pagó en total 44 millones de pesos por la aeronave. https://www.lajornadadeoriente.com.mx/2010/03/01/tlaxcala/tla103.php

Según el contrato DGA/DC/3216/2008 —firmado el 3 de septiembre de 2008 por las partes—, el helicóptero nuevo, equipado y “sin historia de daños”, fue entregado al gobierno de Tlaxcala en Bell Helicopter Textron INC. (Estado) Highway número 10, Hurst Texas, CP 76063 USA

Sin embargo, “por trámites burocráticos internos”, según consignó el periodista, el pago —pactado en 3.3 millones de dólares al tipo de cambio de la fecha de compra— no fue realizado de inmediato, sino hasta semanas después, lo que generó que ese monto inicial aumentara 30 %, en virtud de la inestabilidad de la divisa estadunidense frente al peso en aquella época.

Así, el presupuesto que tenía el gobierno de Tlaxcala de 32 millones de pesos para la compra de esa aeronave —la mitad de recursos federales y estatales y el resto producto de rendimientos financieros— aumentó en 12.4 millones.

Para cubrir esa diferencia imprevista, la administración de Ortiz Ortiz se vio obligada a echar mano de fondos estatales de varios programas, pero ese gasto fue considerado indebido en mayo de 2009 por la entonces directora de Planeación y Desarrollo Programático del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp), Eloísa Guerrero Bonilla.

En el oficio DGP/DPYDP/0371/2009 la entonces funcionaria federal advirtió al gobierno de Tlaxcala “la impprocedencia de la reprogramación relativa a la adquisición del helicóptero”.

Documentos obtenidos por este medio revelan que, en respuesta, el 16 de junio de 2009, el gobierno de Tlaxcala envió al director general adjunto de Operación con Entidades Federativas del Sesnsp, Francisco Alberto López Quiroz, un oficio en el que aclaró que la reprogramación del gasto para la compra de esa aeronave se hizo en apego a lo previsto en el Convenio en Materia de Seguridad Pública 2008.

La administración de Héctor Israel Ortiz justificó que esa compra fue para reponer el helicóptero Bell 206 modelo 1981, “ya ​​que por su antigüedad y número de horas de vuelo (4,742 hrs) ya no garantizaba la seguridad de tripulantes y pasajeros en la realización de operativos de seguridad pública y protección civil”.

Además, refirió que la reprogramación de recursos para esa adquisición fue avalada en seis acuerdos del Consejo Consultivo Estatal de Seguridad Pública, y esa determinación fue notificada al Sesnsp mediante el oficio SE—CONSEP/1313/08 de fecha 24 de noviembre de 2008.

Incluso, la administración orticista todavía se atrevió a reconvenir a la Federación al sostener que “el gobierno del estado de Tlaxcala, previamente a la toma de dicha decisión, en ningún momento tuvo conocimiento oficial de política o criterios establecidos por ese Secretariado Ejecutivo para vedar la adquisición de transporte aéreo”.

Según la Agencia Federal de Aviación Civil, el helicóptero Bell 407, con número de serie 53885 y matrícula XC-LKW, del fabricante Bell Helicopter Textron Canada Limited quedó registrado el 3 de febrero de 2010ª nombre del gobierno del estado de Tlaxcala para prestar servicios oficiales con base de operaciones la ciudad capital.

VUELOS ENTRE NUBARRONES

El actuar opaco no fue exclusivo en la administración de Héctor Israel Ortiz Ortiz, porque continuó en el sexenio siguiente.

Un ejemplo es la respuesta que, el 16 de octubre de 2012, dio el despacho del entonces gobernador priista Mariano González Zarur a las solicitudes 0110812, 00110912, 00111012 y 00111112, presentadas por Jaime Alberto Molinero Suárez, quien quiso saber sobre el uso de las dos aeronaves oficiales.

Inexplicablemente, las peticiones de ese ciudadano fueron turnadas al “Helipuerto del Estado de Tlaxcala”, ubicadas en la Loma Xicohténcatl en la ciudad capital, e incluso le pidieron dirigirse a las propias instalaciones de ese lugar de 09:00 a 15:00 y de 17:00 a 20:00 horas “debiendo presentar el presente documento impreso (sic)”.

El 13 de febrero de 2015 el ciudadano José Alberto Torres Reyes presentó una solicitud de información con folio 00014115 para conocer modelo, marca y matrícula de los helicópteros registrados a nombre del gobierno del estado, especificando su uso, fecha de adquisición y costo (desglosado por unidad), empresa con la que fueron adquiridas (desglosado por unidad), especificando proceso de compra.

La respuesta que dio la administración de Mariano González Zarur fue que el gobierno cuenta con dos helicópteros (Bell 407 con matrícula XC-LKW y Bell 206 B matrícula XC-TLX) que están a disposición del despacho del mandatario y de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, misma que depende de la Secretaría de Gobierno respectivamente desde el año 2011.

Ambas unidades, se informó, “están en funcionamiento y son utilizadas en el traslado de invitados especiales como embajadores, funcionarios federales y gobernadores de otras entidades estatales para eventos especiales tales como: informes de gobierno de titulares de otras entidades federativas; así como para la celebración de convenios federales convocadas por el titular del Ejecutivo federal, así como en operativos de seguridad en el territorio estatal”.

Respecto de la fecha de adquisición y costo, así como nombre de la empresa con la que fueron adquiridas las unidades “le informo que este dato es competencia de la Dirección de Recursos Materiales, Adquisiciones y Servicios; dependiente de la Oficialía Mayor de Gobierno (…) por lo que le pido amablemente tenga a bien solicitar estos cuestionamientos ante la Oficina Mayor de Gobierno”.

Una respuesta incompleta más fue la que se dio a la solicitud de información con folio 00055015, presentada a través del Sistema Infomex el 27 de abril de 2015, en la que José Alejandro Paredes pidió conocer el “número de vuelos de cada una de las aeronaves (helicópteros) del gobierno del estado de Tlaxcala en el año 2014; número de pilotos y copilotos de los dos helicópteros y salarios mensuales de los mismos en 2014 (sic)”.

Según el oficio de respuesta fechado el 21 de mayo de 2015, durante el año 2014 el helicóptero Bell 407 realizó un total de 146 vuelos (55 internos y 91 externos); Mientras que el Bell 206 hizo 51 viajes, todos en territorio tlaxcalteca.

También se informó que un piloto y un copiloto fueron los encargados de “operar la aeronave en cada vuelo (sic)”; y con relación a sus sueldos, el responsable de la Oficina de Transparencia del Despacho del Gobernador, Arturo Romero Muñoz, pidió al peticionario solicitar esos datos a la Oficialía Mayor de Gobierno “dado que esa información es competencia de la misma”.

Otra negativa fue la que enfrentó en su momento el director de Despertador de Tlaxcala Portal de Noticias , Gustavo Herrera Chamorro , el 11 de mayo de 2015, en la que pidió información “del helicóptero que tiene a su carga (el gobernador) desde el año 2011 hasta la actualidad”. La respuesta dada al reportero el 3 de junio de 2015 fue que “esta secretaría (sic) no dispone de la información solicitada”.

Las respuestas a las solicitudes 00281616 y 00281516 (presentadas el año 2016); la 00213717 (hecha en 2017); 00510718 (realizada en 2018); las 00004119, 00004319, 00004219 y 00004419 (promovidas en 2019); así como la 291209722000002 efectuada en 2022: no fueron mejores. Al contrario, resultaron ambiguas, incompletas y hasta con datos falsos.

En el caso de la solicitud 00213717, la respuesta involucró de manera indebida a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que “se encarga del aeropuerto de Atlangatepec (sic)”. La información pedida por un particular consistía en las bitácoras de vuelo de viajes realizadas por el entonces gobernador entre el 1 y 5 de abril de 2017, así como de las características de la o las aeronaves utilizadas.

Con relación a las solicitudes presentadas en 2019 a cuatro dependencias para saber con cuántas aeronaves cuenta el gobierno del estado, de qué tipo, marca y modelo, la respuesta fue que los helicópteros son dos: modelo Bell 206 y Bell 207, pero el dato resultó erróneo porque en realidad son Bell 206-B y Bell 407.

PING—PONG DE LA OPACIDAD

Una muestra más de opacidad, ahora por parte de la actual administración encabezada por Lorena Cuéllar, fue la respuesta que dio la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) a la solicitud 291217822000139 presentada por el periódico digital Gentlx —dirigido por Edgardo Cabrera — para conocer datos relacionados con la actividad de las dos aeronaves propiedad del gobierno estatal entre septiembre de 2021 a julio de 2022.

La petición fue de “copia simple de las bitácoras de vuelos del periodo septiembre del año 2021 a julio del año 2022 de los helicópteros y aeronaves propiedad del gobierno de Tlaxcala o que se encuentren en comodato; el costo que genera cada vuelo, así como el presupuesto que ha destinado esta administración para ambas aeronaves, nombres y número de integrantes de la tripulación de las aeronaves, lugar donde se encuentran estacionadas, así como el detalle del equipamiento y la inversión de la reconversión de un helicóptero que funciona como ambulancia aérea”

En ese mismo documento se solicitaron datos del equipamiento y la inversión que se destinó para la reconversión de otro helicóptero destinado a tareas de patrullaje.

En respuesta, la Secretaría de Seguridad se “declaró no competente” y señaló que carecía de la información solicitada, pero que los datos los tenía la Secretaría de Finanzas (a la que se le hizo la misma solicitud, en el mismo tiempo y en los mismos términos).

Para justificar su respuesta, la SSC argumentó que, entre septiembre de 2021 y febrero de 2022, aun no le habían sido transferidas las dos aeronaves por parte del Despacho de la Gobernadora, lo cual sucedió oficialmente hasta el 12 de febrero de 2022, según lo previsto en el acuerdo DESPACHO/G/SEGOB/005/2022.

Por si fuera poco, esa dependencia económica los datos sobre las bitácoras de vuelo de los dos helicópteros —correspondientes al período de marzo de 2022 a julio de ese mismo año— bajo el argumento de que “dicha información se considera como reservada y confidencial”, según diversas leyes, federales y locales, en materia de seguridad y transparencia.

Como si se tratara de un juego de ping-pong, la Secretaría de Finanzas argumentó por su parte que no era competente y dijo que es el Despacho de la Gobernadora el que tiene las bitácoras, pero este último refirió que esa dependencia que le echó la bolita era la responsable de esa información y rechazada (mediante una solicitud de información similar en el mismo tiempo y en los mismos términos) tener los documentos pedidos.

Fue hasta abril de 2023 cuando, merced a un recurso de revisión promovido por Gentlx ante el entonces Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala (IAIP Tlax) —hoy desaparecido como resultado de una reforma constitucional de simplificación orgánica—, el gobierno morenista respondió de manera incompleta la solicitud.

Los pocos datos entregados nada más correspondieron a los vuelos realizados por esas dos aeronaves entre marzo y julio de 2022: en total, sumaron 30 y la mayoría (17) correspondieron al aparato “Tlahuicole” con matrícula XC-TLX, utilizado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) para labores de patrullaje, principalmente en los municipios de El Carmen Tequexquitla, Calpulalpan, San Pablo del Monte y Apizaco.

En el caso del helicóptero “Malinche” —supuestamente habilitado como ambulancia aérea— el gobierno desveló que realizó 13 vuelos y la mayoría estuvieron relacionados con actividades de seguridad pública.

TURBULENCIAS DE UNA INDISCRECIÓN

Comenzaba el año 2022 cuando el mismo exsenador panista Marco Tulio Munive Temoltzin dejó al descubierto un evidente caso de tráfico de influencias: valiéndose en ese tiempo de su cargo como director administrativo de la Secretaría de Finanzas en el gobierno morenista, “gestionó” el uso de la ambulancia aérea “Malinche” para trasladar a Tlaxcala a su hermana Linda Marina, víctima de un accidente automovilístico en el estado de Morelos.

“Muchas gracias amiga Lorena Cuellar no tengo palabras para agradecerte que mi hermana Linda Mary la trasladaran en helicóptero de Cuernavaca a Tlaxcala y está en buenas manos en el Isste (sic)”, posteó el 2 de enero en sus redes sociales el hoy titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT) en la misma administración morenista.

De acuerdo con versiones periodísticas, con motivo de las fiestas de año nuevo, al viajar con su familia, Linda Marina Munive sufrió un accidente carretero en Cuernavaca, Morelos, del que resultó con una severa lesión en la cadera, por lo que fue trasladada al hospital del ISSSTE en la ciudad de Tlaxcala, a bordo del helicóptero con matrícula XC—LKW habilitado como ambulancia.

Esa mujer, originaria de Santa Ana Chiautempan, donde fue presidenta municipal, es conocida por su añeja amistad con la exgobernadora de Tlaxcala, Beatriz Paredes Rangel, exaspirante a la presidencia de México por el PRI. Gracias a esa relación fue diputada local y cónsul en Brasil.

La indiscreción del funcionario resultó en una andanada de críticas al gobierno de Lorena Cuéllar por el evidente tráfico de influencias para beneficiar a la excolaboradora de la exsenadora Paredes, con quien la actual mandataria de Tlaxcala tiene una relación muy cercana, pese a militar en partidos distintos y supuestamente opositores.

El 6 de enero de 2022, Juan C. Espinoza presentó al gobierno del estado la solicitud 291209722000002 para saber detalles del “préstamo de un helicóptero al C. Marco Tulio Munive”: quién autorizó, monto de gastos y copias de facturas (por consumo de combustible, personal y medicamentos), procedimiento seguido para la gestión y “en caso de existir irregularidades conocer cuáles serán las sanciones que habrán de aplicar”.

Veinte días después, el Despacho de la Gobernadora se declaró incompetente para responder a esa solicitud, pero sugirió al promovente dirigir su petición a la Secretaría de Gobierno (Segob).

Inconforme con esa respuesta, el 15 de febrero de 2022 el ciudadano afectado presentó ante el IAIP-Tlax el recurso de revisión 37/2022-P1 y el entonces comisionado de ese órgano garante, Ángel Espinoza Ponce, exigió al Despacho de la Gobernadora un informe justificado en el cual explicara por qué “se declarado incompetente sin fundar ni motivar tal incompetencia (sic)”.

Fue hasta el 3 de mayo de ese año cuando los integrantes del Comité de Transparencia del Despacho de la Gobernadora —Gelacio Montiel, secretario particular de la mandataria; Sergio Pérez, director administrativo; y María Aída González Sarmiento, titular de la unidad de transparencia— sostuvieron su primera sesión extraordinaria en la que desahogaron ese recurso de revisión.

En ese cónclave, la tríada de funcionarios ratificaron la incompetencia del Despacho de la Gobernadora para responder a la solicitud de información sobre el uso de la ambulancia aérea para trasladar del estado de Morelos a la hermana del funcionario estatal.

Arguyeron que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 76 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, así como del Reglamento Interior del Titular del Poder Ejecutivo “no se encuentra dentro de sus atribuciones del sujeto obligado poseer la información solicitada”.

En ese documento precisaron que “los sujetos obligados solo proporcionarán la información que obra en sus archivos, lo que a contrario sensu significa que no se está obligado a proporcionar lo que no obre en sus archivos, por ende, por las razones o motivos es dable confirmar la incompetencia”.

Pero el artículo citado por esos funcionarios para justificar su decisión solo establece que “para el trámite de acuerdos de los asuntos que corresponden al titular del Ejecutivo, éste contará con una secretaría particular, y las coordinaciones o unidades administrativas que él mismo establezca en acuerdos, reglamentos o manuales de organización que autorice el presupuesto (sic)”.

Así fue como le echaron la última palada de tierra a la incómoda solicitud de información y sepultaron el asunto del que ya no se volvió a saber nada, pese a que el mismo funcionario de la administración morenista se encargó de hacer público el evidente tráfico de influencias.

Hoy, Marco Tulio Munive Temoltzin es titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte. El cargo lo obtuvo desde el 5 de septiembre de 2023.