Congreso de Tlaxcala aprueba desaparición del Instituto para Personas con Discapacidad

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El Pleno del Congreso local aprobó, por mayoría de votos, la desaparición oficial del Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad (ITPCD), al asegurar que dicho ente ya está operando a través de la Secretaría del Bienestar del gobierno del estado.

Con esta medida, se busca "evitar duplicidad de funciones y disponer de los recursos públicos de manera racional y con base en los principios de austeridad, eficiencia y eficacia", según justificó la gobernadora Lorena Cuéllar en la iniciativa presentada.

Los diputados avalaron las reformas, adiciones y derogaciones a la Ley para Personas con Discapacidad del Estado de Tlaxcala, que concretaron la extinción formal del ITPCD.

La mandataria estatal argumentó que, desde el inicio de su administración, asumió diversos compromisos en favor de la población tlaxcalteca, por lo que impulsó una reingeniería de la administración pública, con el objetivo de evitar la duplicidad de funciones y optimizar el uso de los recursos públicos.

En este sentido, con la creación de la Secretaría del Bienestar, se transfirieron las funciones que desempeñaba el Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad a dicha dependencia, que ahora tendrá las atribuciones de planear la política estatal encaminada a brindar atención a este sector de la población e implementar políticas públicas y programas en su favor.

Asimismo, se determinó dar por terminada la relación laboral con los trabajadores del ITPCD, "sin responsabilidad para la patronal, dado que se extingue la fuente de empleo inherente". No obstante, la Secretaría de Bienestar asumirá las obligaciones laborales que se hubieran generado a cargo del extinto instituto.

Además, se ordenó que la base de datos del padrón de personas con discapacidad residentes en Tlaxcala, así como los archivos y expedientes físicos de afiliación, deberán ser entregados a la Secretaría del Bienestar, quien deberá utilizar y resguardar dicha información de conformidad con la normativa aplicable.

Con estas medidas, el gobierno estatal busca optimizar los recursos y servicios dirigidos a las personas con discapacidad en la entidad, concentrando las atribuciones en una sola dependencia.