CAE 70% LA ATENCIÓN A MIGRANTES EN ALBERGUE TLAXCALTECA TRAS POLÍTICAS DE EU

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El Albergue La Sagrada Familia (Asafam) registró una reducción del 70% en la atención a migrantes durante los primeros cinco meses de 2025, en comparación con años anteriores. El representante legal, Elías Dávila Espinoza, atribuyó este descenso a las políticas migratorias implementadas por el gobierno estadounidense. 

De enero a mayo, la casa de acogida ubicada junto a las vías del ferrocarril en Apizaco atendió a 300 personas, cifra que contrasta con los más de 1,000 casos reportados en el mismo periodo de 2023. Dávila Espinoza señaló que el flujo disminuyó desde que Donald Trump asumió la presidencia de Estados Unidos, particularmente en el caso de las caravanas. 

Los grupos numerosos dejaron de transitar por la zona para evitar confrontaciones con las autoridades estadounidenses, además que México incrementó las medidas de retención para evitar cruces irregulares  y el ferrocarril, antes utilizado como medio de transporte, ahora cuenta con mayor vigilancia.

En marzo, el albergue recibió a 67 migrantes (60 hombres y 7 mujeres), cifra que se mantiene como promedio mensual. "Ahora llegan individuos o familias pequeñas que enfrentan los obstáculos por su cuenta", explicó Dávila Espinoza. 

La mayor seguridad en el tren obligó a los migrantes a utilizar alternativas más peligrosas como viajes en autobuses y camiones en condiciones de hacinamiento, así como traslados clandestinos a bodegas  y operativos policiales en retenes como el de Xaloztoc 

Pese a la disminución, el albergue continúa su labor. Dávila Espinoza mencionó el caso de una familia hondureña que obtuvo visa humanitaria y logró integrarse: el padre y la madre consiguieron empleo, mientras su hija ingresó a la escuela. 

El religioso enfatizó la necesidad de mantener el albergue como espacio seguro donde los migrantes reciban alimentación, aseo y atención médica. "Seguiremos siendo un oasis en su difícil travesía", afirmó. 

Las autoridades locales confirmaron que reforzarán la vigilancia en rutas migratorias, mientras organizaciones civiles pidieron protocolos claros para garantizar los derechos humanos de los viajeros.