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Elementos de la Policía Federal Ministerial aseguraron un inmueble, dos tanques estacionarios de diez mil litros de capacidad y dos más para almacenar cinco mil litros cada uno, en la comunidad de Atotonilco, municipio de Ixtacuixtla.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que esa acción fue posible gracias a que agentes federales cumplimentaron una orden de cateo librada por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio en Tlaxcala.
De acuerdo con la carpeta de investigación, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), al realizar recorridos de inspección e inteligencia, fueron alertados de que de un inmueble provenía un fuerte olor a gas.
Los militares, junto con personal de la Coordinación Estatal de Protección Civil acudieron al lugar, en donde verificaron que había una fuga de gas por lo que controlaron el riesgo y resguardaron el inmueble; derivado de lo anterior, el Ministerio Público de la Federación (MPF) inició una carpeta de investigación y solicitó a la Policía Federal Ministerial (PFM) corroborar los hechos mediante investigación.
Tras el cateo, todo lo asegurado fue puesto a disposición del Agente del Ministerio Público Federal quien continua con la investigación.
Por otra parte, la FGR informó que obtuvo vinculación a proceso contra Adolfo N., por su probable responsabilidad en la comisión del delito de posesión ilícita de petrolífero.
De acuerdo con la carpeta de investigación, elementos de la Sedena recibieron un reporte, mediante el cual les hicieron de su conocimiento que, en la comunidad de Atotonilco, había un depósito clandestino donde guardaban vehículos con gas de procedencia ilícita.
Los militares, al encontrarse en el lugar se, percataron que había varios vehículos cuyos conductores estaban comprando combustible ilegal a una pipa, por lo que al notar la presencia de los elementos castrenses las personas se dieron a la fuga, y solo fue posible asegurar a Adolfo N., quien no acreditó la legal procedencia del petrolífero.
Por lo anterior, fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal (MPF), y luego un juez de control vinculó a proceso al presunto responsable a quien le impuso prisión preventiva justificada y fijó un plazo de dos meses de plazo para el cierre de la investigación complementaria.