APRUEBAN EN PUEBLA "LEY CENSURA" QUE CRIMINALIZA EXPRESIÓN EN REDES || GOBERNADOR DE PUEBLA SOLICITA REVISIÓN DE POLÉMICA LEY DE CIBERSEGURIDAD

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El Congreso de Puebla reformó el Código Penal para incluir nuevos delitos digitales que organizaciones civiles y legisladores opositores califican como un intento de censura. La iniciativa, promovida por José Luis Parra, exdiputado y actual coordinador del gabinete del gobernador Alejandro Armenta, establece penas de hasta tres años de prisión por conductas en redes sociales. 

La reforma tipifica como delitos el "ciberasedio" (ofensas repetidas que afecten la salud), espionaje digital, usurpación de identidad, hacking y grooming. ARTICLE 19 advirtió que las definiciones legales son tan amplias que podrían usarse contra periodistas y críticos del gobierno. 

Puebla registra 22 procesos judiciales contra comunicadores desde 2018, según registros de organizaciones defensoras de la libertad de expresión. Medios locales vinculan la iniciativa con la cuenta anónima "Aldea Poblana", conocida por criticar al gobernador Armenta, sugiriendo que la ley buscaría identificar a sus administradores. 

La legislación no contó con consulta a expertos en derechos digitales ni se ajustó a estándares internacionales sobre libertad de expresión. Organizaciones civiles alertan que penalizar discursos legítimos en el debate público podría crear un efecto inhibitorio en la crítica política y periodística. 

El gobierno estatal defendió las reformas como necesarias para proteger la seguridad digital, mientras la oposición las denunció como un intento por controlar el discurso en línea. La ley entrará en vigor en los próximos días, sin que se hayan realizado modificaciones para precisar los tipos penales y evitar su uso arbitrario.

El gobernador Alejandro Armenta pidió al Congreso de Puebla establecer foros de análisis para revisar la controvertida Ley de Ciberseguridad, conocida como "Ley Censura". La solicitud formal se dirigió a la presidenta de la Junta de Gobierno, Laura Artemisa García Chávez, y a los integrantes de la LXII Legislatura. 

En un documento oficial, el mandatario estatal propuso que la discusión incluya a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, periodistas, asociaciones de padres de familia, organismos defensores de derechos humanos y el colegio de abogados. El objetivo declarado es analizar específicamente los alcances de la figura de ciberacoso dentro de la reforma. 

Esta petición ocurre después de que organizaciones civiles y medios de comunicación alertaran sobre los riesgos que la ley representa para la libertad de expresión. Las críticas señalaron que las definiciones amplias de los nuevos delitos digitales podrían usarse para perseguir a periodistas y opositores políticos. 

Armenta enfatizó en su comunicado que el proceso debe garantizar la protección de los derechos humanos y contar con el mayor consenso social posible. La iniciativa legislativa había generado controversia por incluir penas de hasta tres años de prisión por conductas en redes sociales consideradas como "ciberasedio". 

El llamado a revisión marca un cambio en la postura del gobierno estatal, que inicialmente defendió la reforma como necesaria para la seguridad digital. Ahora se buscará un debate amplio que incluya a diversos sectores de la sociedad antes de implementar las modificaciones al Código Penal.