ACTUAL CONSEJERO DE LA JUDICATURA, ENTRE PROBABLES “AVIADORES” DEL PODER JUDICIAL; OTRO, LLEGÓ A ESTAR EN TRES NÓMINAS AL MISMO TIEMPO

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En el anexo 1, observación 5, relativos a “Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS)”, que amparan una revisión al periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2024 figuran cuatro nombres de empleados del Poder Judicial.

Por orden numérico aparecen Blanca Azucena Cortéz Zárate, Germán Mendoza Papalotzi, Samuel Morales Pulido y Merady Molina Tlapale, cuyos nombres también fueron detectados en las nóminas del OPD Salud de Tlaxcala, la extinta PGJE, la Secretaría de Movilidad y la Secretaría de Seguridad Ciudadana, respectivamente.

Según los documentos del OFS, Blanca Azucena Cortéz fue dada de alta en el Poder Judicial el 3 de junio de 2024 y habría cobrado 53 mil 047.86 pesos por concepto de sueldo y demás percepciones pagadas en el ejercicio 2024.

Germán Mendoza Papalotzi fue señalado por el OFS de aparecer en la nómina de la extinta Procuraduría General de Justicia, a pesar de desempeñarse al mismo tiempo como representante de las y los magistrados ante el Consejo de la Judicatura, cargo para el que fue electo por el periodo comprendido del 18 de marzo de 2024 al 17 de marzo de 2027.

Según el Órgano de Fiscalización en el Poder Judicial, durante el ejercicio de 2024, cobró 646 mil 148.75 pesos por concepto de “sueldo y demás prestaciones”, aparte de estar en la nómina de la PGJE en la que presentó “incompatibilidad”.

Apenas en la elección judicial del pasado 1 de junio, Mendoza Papalotzi participó como candidato a magistrado del Tribunal de Conciliación y Arbitraje (TCyA) y ganó un lugar al obtener 31 mil 494 votos.

El OFS también detectó que Samuel Morales Pulido apareció tanto en la nómina del Poder Judicial como en la de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT) del gobierno morenista. Durante el ejercicio 2024 recibió del TSJE la cantidad de 459 mil 479.50 pesos por “sueldo y demás prestaciones”.

El maestro en Juicios Orales por la Universidad Leonardo Da Vinci de Puebla, comenzó laborar en el Poder Judicial desde el 24 de agosto de 2021 y, según su ficha curricular, desde entonces estuvo adscrito al Consejo de la Judicatura, hasta el 30 de septiembre de 2024.

Durante los últimos meses que laboró en el TSJE tuvo ingresos netos por 460 mil 303 pesos, de acuerdo con la versión de su más reciente declaración patrimonial —recibida en la Secretaría de la Función Pública el 28 de mayo del presente año—, en la cual también se pudo conocer que Morales Pulido comenzó a laborar en la Secretaría de Movilidad el 10 de enero del año 2024 en el área de transporte privado (ventanilla rápida) con una remuneración mensual neta de 11 mil 330 pesos.

Con base en lo anterior se comprueba que, al menos durante casi nueve meses del año pasado, “dobleteó” tanto en el Poder Judicial como en la administración de Lorena Cuéllar, con la complacencia de la magistrada presidenta Anel Bañuelos y del titular de la SMyT, Marco Tulio Munive.

Pero no todo queda ahí, porque de acuerdo con datos obtenidos de su curriculum vitae llama la atención que, antes de ingresar al Poder Judicial, ese licenciado en Derecho por el Centro Universitario Hispánico de Texmelucan llegó a tener hasta tres cargos públicos al mismo tiempo, aunque fuera unos días entre 2020 y 2021.

Del 15 de abril de 2012 al 23 de agosto de 2021 fungió como auxiliar técnico en el Departamento de Atención Integral y Justicia Alternativa de la entonces PGJE. Sin dejar esa primera encomienda, del 15 de enero de 2020 al 15 de febrero de ese mismo año se desempeñó como director de archivo en el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala (IAIP-Tlax); y del 15 de febrero de 2020 al 22 de agosto de 2021 fue titular de la unidad de transparencia del Tribunal de Conciliación y Arbitraje (TCyA).

En el caso de Merady Molina Tlapale, el Órgano de Fiscalización Superior detectó que el Poder Judicial le pagó 134 mil 327.91 pesos por “sueldos y demás prestaciones” durante el ejercicio fiscal de 2024, pero también apareció en la nómina de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).