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(Faro Noticias/6 de enero 2025) Por enésima ocasión, la falta de atención del gobierno local -a través de su área jurídica- derivó en un yerro inaceptable, al incluir en las reglas de operación del Programa de Calentadores Solares, a una dependencia inexistente como la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).
A partir de agosto pasado, esa dependencia dejó de existir en Tlaxcala, al mutar a Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJ); eso sí, encabezada por la misma persona: Ernestina Carro Roldán.
Pese a lo anterior, el nombre de la PGJE aparece en el documento referido, el cual fue publicado el 30 de diciembre pasado en el Periódico Oficial del Estado por la titular de la Secretaría del Bienestar, María Estela Álvarez Corona.
En el artículo I fracción XXI se hace alusión por primera vez a la Procuraduría.
Después, en la fracción XII del artículo 11, referente a las obligaciones para las personas beneficiarias, se prevé que, “en caso de robo (…) se deberá acudir a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala (sic) para presentar la denuncia correspondiente y continuar con el trámite”.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2022 -citada en las reglas de operación referidas- una familia de cuatro integrantes gasta en promedio 537 pesos mensuales en electricidad y combustibles (Gas LP).
Según esa encuesta del Inegi, aquellos hogares que cuentan con un calentador solar presentan un ahorro del uso de Gas LP en promedio del 50 y 75 %.
“Con estas acciones se fortalece la economía del hogar; además que, de manera indirecta, se genera un impacto en la protección del medio ambiente (…) con el objetivo de contribuir a mejorar el nivel de vida y bienestar de las familias en situación de pobreza, a través del equipamiento para el suministro y colocación de un calentador solar en sus viviendas”, se lee en el documento.
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