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Solo 1% de las denuncias por abuso sexual en agravio de infantes, termina en una sentencia



Para disminuir la incidencia de abusos sexuales en contra de niñas, niños y adolescentes, la magistrada Lorena Josefina Pérez Romo se pronunció a favor de promover la cultura de la denuncia, pero sobre todo la confianza en las autoridades, además de propiciar que los juicios y procedimientos sean más ágiles para no desgastar a quienes buscan justicia.

Al participar en las Mesas de Diálogo por los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Pérez Romo subrayó la necesidad de hacer efectivo el acompañamiento institucional y evitar que las autoridades involucradas en los procesos revictimicen al menor y a su familia, pues sólo con estas acciones se podrá avanzar en el camino para lograr la no repetición de este tipo de violencia.

La magistrada, integrante del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, mencionó que, de acuerdo con el registro de lesiones emitido por la Secretaría de Salud, en 2021 más de 8 mil personas menores de 17 años ingresaron a nosocomios públicos; en el 70 por ciento de los casos fueron familiares quienes llevaron a cabo estas conductas violentas y el 74.5 por ciento de los hechos ocurrió al interior de las viviendas en las que habitan.

Al participar en la Mesa “Violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes”, la jueza Ruby Celia Castellanos Barradas, informó que de cada mil casos de abuso sexual solamente 10 por ciento se denuncia; 10 por ciento llega a instancias jurisdiccionales y sólo el 1 por ciento genera una sentencia condenatoria. Además, 6 de cada 10 violaciones de niños se originan en casa y el 60 por ciento de las agresiones son realizadas por familiares o personas cercanas.

Castellanos Barradas, titular del Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, detalló que en el 90 por ciento de las denuncias hechas por un niño que asegura haber sufrido algún tipo de violencia, el menor dice la verdad. Adicionalmente, se tiene registro de 21 mil casos anuales de secuestros con fines de explotación sexual.

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