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Sin justificación ni versión alguna, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), encabezada por Ernestina Carro Roldán, no ha cumplido en su totalidad los puntos incluidos en sendas recomendaciones emitidas en su contra por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), por casos de tortura en agravio de tres víctimas -dos hombres y una mujer- a manos de una decena de policías de investigación.
De acuerdo con información proporcionada por el organismo autónomo, presidido por Jakqueline Ordóñez Brasdefer, hasta la fecha la PGJE solo ha cumplido con la publicación de la versión pública de cada recomendación en el sitio web de la propia dependencia y con la designación de un enlace para dar seguimiento a las mismas.
De un total de ocho puntos contenidos en cada una de las recomendaciones, la dependencia solo ha acatado un par y “el resto se encuentran en proceso de cumplimiento”.
Los seis puntos pendientes son relativos al inicio de procedimientos administrativos; procedimientos penales por el delito de tortura y los que resulten; reparación del daño, comprendiendo el aspecto económico, psicológico y médico; disculpa pública; cursos de capacitación, pláticas o talleres; y reconocimiento de calidad de víctimas ante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y Ofendidos del Estado de Tlaxcala.
En julio de 2023, la CEDH emitió una recomendación en contra de seis policías de investigación de la PGJE -y no uno como sostuvo en su momento la dependencia- que torturaron a Juan Carlos N., “para obtener información o la confesión, a partir de sufrimientos graves físicos” que terminaron por causarle la muerte.
Ese hombre estaba señalado como presunto responsable de la desaparición el 4 de abril de 2022 de Ana Laura N., originaria de la comunidad de Hermenegildo Galeana, municipio de Huamantla.
La otra recomendación emitida por la CEDH por trato cruel, inhumano o degradante, data de principios de diciembre de 2023 y también está dirigida a la procuradora Ernestina Carro, aunque los hechos ocurrieron el 25 de agosto de 2020.
De acuerdo con el expediente respectivo, las víctimas fueron una mujer y un hombre, a quienes cuatro policías de investigación detuvieron sin orden de aprehensión o señalamiento alguno, los mantuvieron incomunicados, y en el caso del varón fue torturado para que aceptaran ser los responsables de un supuesto delito de extorsión.
Según el organismo autónomo, las autoridades responsables incurrieron en violaciones graves en perjuicio de las víctimas directas, ya que las declaraciones de los elementos de la Policía de Investigación no fueron justificadas, alteraron pruebas como el lugar de detención y mantuvieron incomunicadas a las víctimas, a quienes obligaron a firmar documentos en blanco y grabar confesiones que, en el caso del hombre, fueron hechas a través de actos de tortura.