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Las dirigencias estatales del PAN y PRI interpusieron un juicio electoral en contra del acuerdo que determinó 10 municipios en los que habrán de postularse exclusivamente mujeres candidatas a presidentas, debido a que el Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) cedió a los partidos políticos la facultad de aprobar esos lineamientos, siendo que la función legal y constitucional corresponde a los consejeros y no a los institutos políticos.
La presidenta del Comité Directivo Estatal del PRI, Anabell Ávalos Zempoalteca, informó que el recurso fue presentado ante el mismo ITE, pues a pesar de ser quien cometió la ilegalidad, es la primera instancia para darle trámite al juicio electoral cuyo objetivo es que prevalezca la legalidad y que sea revocado el acuerdo ITE-CG108/2023.
En el documento el PRI precisa que le causa agravio la determinación del ITE, que además trasgredieron los principios de legalidad, certeza y objetividad previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, “pues inconstitucional e ilegalmente así como sin fundamento alguno, delegó la función electoral a los partidos políticos para la determinación de 10 municipios en los que se habrán de postularse exclusivamente a mujeres para ser candidatas a la titularidad de la presidencia municipal”.
El acuerdo en mención se refiere a la aprobación de los lineamientos que deberán observar los partidos políticos, coaliciones, candidaturas comunes, así como candidaturas independientes, para dar cumplimiento al principio constitucional de paridad de género en el Estado de Tlaxcala, en el proceso electoral ordinario 2023-2024.
Por ello, solicitaron, entre otros puntos, se revoque el acuerdo impugnado y se dicte uno nuevo a efecto de garantizar los principios que rigen la función electoral, en la designación de los municipios en los cuales habrán de postularse exclusivamente mujeres a la titularidad de la presidencia municipal.
Por su parte, la dirigente estatal panista Miriam Martínez Sánchez precisó que la Constitución dispone que la función electoral es facultad exclusiva de los consejeros, y aun así el ITE vulneró el principio de legalidad, ya que los lineamientos en lugar de favorecer al derecho de igualdad entre hombres y mujeres, se dejó a los intereses políticos de los partidos mediante el mayoriteo.