En medio de contradicciones, el gobierno de Lorena Cuéllar Cisneros trató de “aclarar” que el grupo de 14 centroamericanos que están en calidad de ilocalizables desde el pasado 5 de julio, no escaparon del Albergue para la Niñez Migrante Acompañada –el cual está a cargo del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (Sedif)-, sino que dejaron ese inmueble por voluntad propia.
Casi ocho días después de esos hechos, y después que medios nacionales abordaran el tema, la Coordinación de Información y el titular de la Secretaría de Gobierno (Segob), Sergio González Hernández, dieron su propia versión en la que hubo coincidencias, pero también contradicciones.
Lo que no se aclaró fue por qué las dependencias involucradas tardaron cuatro días en emitir las fichas de búsqueda y localización, y por qué hasta este martes dieron a conocer la presentación de la denuncia penal respectiva y que esas personas no escaparon.
Según la Coordinación de Información, a cargo de Angélica Domínguez, las 14 personas hondureñas y guatemaltecas “conformaban cuatro núcleos familiares”, pero el titular de la Segob sostuvo que eran tres.
A través de un boletín, la primera de esas dos dependencias aseguró que a esos migrantes “se les brindó atención integral en lo que se resolvía su situación legal; sin embargo, las personas en movilidad humana rechazaron la ayuda y decidieron salir con la intención de continuar su camino”.
En ninguno de los párrafos del comunicado se precisa en qué consistió la “resolución legal” a favor de esas personas ni los resultados de la misma; es decir, no queda claro si las autoridades migratorias les concedieron algún permiso especial para continuar su trayecto.
La dependencia se limitó a señalar que la decisión tomada por esas personas “se dio a conocer al Instituto Nacional de Migración (INM) para tomar las medidas conducentes y facilitar la aplicación de los protocolos correspondientes”, aunque no especificó en qué consisten estos últimos.
Sin referir artículo alguno para sustentar su dicho, la Coordinación de Información arguyó que “el Sistema Estatal DIF cumplió con lo establecido en la Ley Nacional de Migración, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y tratados internacionales, en los que se establecen las medidas especiales de protección que las autoridades deben adoptar para garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes migrantes acompañados y no acompañados”.
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