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POR INCUMPLIMIENTO DE #TLAXCALA Y #PUEBLA A RECOMENDACIÓN DE LA #CNDH, SE HA AGRAVADO LA CONTAMINACIÓN EN EL #ATOYAC, AFIRMA EL CENTRO FRAY JULIÁN GARCÉS

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El Centro Fray Julián Garcés evidenció que, a siete años de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitiera la Recomendación 10/2017 relacionada con la grave contaminación de los ríos Atoyac, Xochiac y sus afluentes, “ni los gobiernos de Puebla y Tlaxcala, ni los municipios (de ambas entidades), han cumplido en su totalidad” los compromisos que aceptaron cumplir.

A través de un comunicado emitido a propósito del Día Mundial del Agua que se celebra cada 22 de marzo, la organización denunció que, merced a ese incumplimiento, “constatamos que la contaminación industrial se ha agravado, teniendo fuertes impactos en la salud a través de las enfermedades crónicas no transmisibles, como la leucemia aguda y la enfermedad renal crónica, entre otras, evitables si se hubiera querido actuar bien y a tiempo”.

Refirió que lo anterior se constata en el Primer Informe Estratégico, Cuenca del Alto Atoyac (Tlaxcala y Puebla): Región de Emergencia Sanitaria y Ambiental; Problemática socioambiental y recomendaciones para su atención integral, elaborado por el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt).

En ese documento “se afirma que las enfermedades y muertes en la región tienen un vínculo con la exposición a tóxicos que provienen de las industrias asentadas en la cuenca; que las industrias de los ramos automotriz, eléctrico, químico y textil son las que tienen más emisiones de contaminantes; que en todas las regiones de Tlaxcala que integran la cuenca, la tasa de mortalidad por enfermedad renal crónica, en personas de entre 15 y 49 años, es de 1.2 hasta 4.7 mayor a la media nacional”.

El Centro Fray Julián Garcés subrayó que la contaminación no es exclusiva de los ríos u otros cuerpos de agua, sino que se presenta también en toda la cuenca, incluyendo el aire, la tierra y el agua, y “todo esto, en su conjunto, confirma la devastación generada por una política de industrialización desregulada”.

Advirtió que “esta emergencia sanitaria y ambiental en la Cuenca del Alto Atoyac, se agravará si en el Legislativo se aprueban leyes que no garantizan los derechos humanos al agua y a su saneamiento, si se excluye a los comités comunitarios en la gestión del agua, y si se omite la responsabilidad de las industrias en cuanto a la extracción del agua y su tratamiento en la totalidad de los tóxicos que éstas generan”.

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