PERMISIVIDAD DEL GOBIERNO HACIA INDUSTRIAS AGRAVA LA DEVASTACIÓN AMBIENTAL EN TLAXCALA Y LA CUENCA DEL ALTO ATOYAC, ALERTAN ORGANIZACIONES
- Edgar Ramón Conde Carmona
- 9 jun
- 3 Min. de lectura
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(Faro Noticias) Lejos de cumplirse la recomendación 10/2017 emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) debido a la grave contaminación en la Cuenca del Alto Atoyac, la devastación socioambiental se agrava en la región que le corresponde a Tlaxcala por la permisividad del gobierno hacia las industrias que dañan suelos y acuíferos, afectan la calidad del aire, atentan contra los bosques y provocan la pérdida de biodiversidad y de la cultura y tejidos colectivos.
Así lo advirtieron diversas organizaciones encabezadas por el Centro Fray Julián Garcés en un pronunciamiento.
Muestra de esa devastación es que en el municipio de Españita “hay presencia de sustancias tóxicas en el agua, aire, suelo y en los alimentos de la población, por el uso intensivo de agrotóxicos, fungicidas, plaguicidas y otros químicos, que se bioacumulan en la producción agrícola y en plantas silvestres como los quelites. Esto, como resultado de la existencia de monocultivos de cereales asociados a las grandes agroindustrias transnacionales como cerveceras, harineras, semilleras y de agrotóxicos”.
En esa demarcación, de acuerdo con investigaciones de la doctora de la UNAM Regina Montero, “tan sólo en el caso de la población de adolescentes aparentemente sanos, se detectó en su organismo la presencia de metales pesados como cromo y cadmio, que son nefrotóxicos, es decir que dañan a los riñones. Se identificó también la exposición a plaguicidas y PCBs (exposición a bifenilos policlorados), carcinógenos y disruptores endócrinos confirmados”.
Alertaron que en Yauhquemehcan y Apizaco se ha intensificado el crecimiento habitacional promovido por gobiernos e inmobiliarias, “lo que trae consigo también impacto en la disponibilidad del agua, en el suelo, fauna, flora y en las manifestaciones culturales de ambos municipios”.
Mientras que en Calpulalpan y Nanacamilpa (y sus comunidades: San Cristóbal Zacacalco, San Felipe Sultepec, San Mateo Aticpac, San Marcos Guaquilpan, San Antonio Mazapa, La Soledad, La Venta y Francisco I. Madero), “persiste la insistencia del gobierno del estado en la imposición del libramiento vial, lo que traería consigo eliminación de fauna; agudización en la extinción de las luciérnagas y ajolotes”.
Consideraron que para esa obra carretera habrá el uso de aproximadamente 33 millones 600 mil litros de agua que, junto con la amenaza de la llegada de empresas inmobiliarias y mineras, habrá afectaciones económicas que se darán por la pérdida de empleos directos e indirectos.
Con relación a la Matlalcuéyetl, recordaron que desde el año 2019 está presente la plaga del escarabajo descortezador “que hasta la fecha continúa devastando el bosque y las autoridades encargadas de sanear responden de manera lenta, burocrática, sin priorizar la urgente restauración integral o sin contar con el presupuesto requerido para el rescate del Área Natural Protegida, además de no permitir una participación ciudadana real y horizontal”.
Sumado a ello, denunciaron, “la delincuencia se ha apoderado de los territorios boscosos a la orilla de las carreteras que cruzan la montaña, la perimetral y la autopista Puebla-Perote, trayendo consigo el desplazamiento de las y los guardianes del territorio, quienes transitan con miedo por estas rutas”.
Consideraron además que el turismo invasivo y no planeado “rebasa la capacidad de carga del ecosistema, causando desequilibrios en las dinámicas propias; por ejemplo, el ruido que perturba y ahuyenta a las aves, la compactación y erosión del suelo que no permite la regeneración natural”.
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