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El Gobierno del Estado publicó una declaratoria que regulará el servicio de transporte público de pasajeros en el tramo carretero Apizaco-Tlaxcala. Esta medida busca ampliar las opciones de traslado para los usuarios y garantizar un servicio transparente, seguro y legal en las rutas involucradas.
El documento oficial, denominado “Declaratoria de existencia de una necesidad pública del servicio de transporte público de pasajeros en la modalidad de colectivo, con itinerario fijo y su satisfacción en el tramo carretero: Apizaco-Tlaxcala”, fue difundido en el Periódico Oficial de Tlaxcala. La regulación abarca carreteras federales como la 117D y 136, además de vías estatales y municipales, incluyendo puntos intermedios en Santa Úrsula Zimatépec, Yauhquemehcan, San Matías Tepetomatitlán y diversas ubicaciones dentro del municipio de Tlaxcala.
La medida responde a un análisis detallado de la situación operativa en estas vialidades, donde se detectaron irregularidades que requieren atención. Con esta base, se buscará mejorar la gestión del transporte público y fortalecer los derechos de movilidad de los tlaxcaltecas bajo principios de competitividad y óptimas condiciones de servicio.
La iniciativa también considera aspectos legales sobre la regulación y el cobro de contribuciones a las empresas que operan en esta ruta. Las secretarías de Finanzas y de Movilidad y Transporte de Tlaxcala consultaron a la Dirección General de Autotransporte Federal sobre la facultad para regular y cobrar a las empresas Autobuses Tlaxcala-Apizaco-Huamantla S.A. de C.V. (ATAH) y Expresso Xicohténcatl S.A. de C.V. La respuesta indicó que dicha Dirección no tiene competencia expresa en estas áreas.
Como consecuencia, se determinó que la regulación de rutas estatales que cruzan vías federales requiere permisos de conectividad específicos conforme a la normatividad vigente. Este esquema busca coordinar las diferentes jurisdicciones –federal, estatal y municipal– para garantizar un servicio eficiente y regulado.
El Gobierno Estatal subrayó que esta declaratoria tiene como propósito central beneficiar a los usuarios y asegurar una movilidad adecuada, promoviendo al mismo tiempo condiciones de seguridad, orden y equidad en el transporte público de pasajeros.
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