Mientras la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros justificó la 2 intervención de las fuerzas del orden como último recurso para salvaguardar el libre tránsito en la entidad; la ombudperson Jakqueline Ordóñez Brasdefer exhortó a las autoridades estatales y municipales a garantizar los derechos a manifestarse y al agua.
En entrevista, la mandataria negó que el pasado lunes policías estatales hubieren accionado sus armas de fuego para dispersar la manifestación de pobladores de Calpulalpan –que protestaban por la falta de agua que padecen desde hace un año- sobre la carretera México-Zacatepec, a la altura del Club de Leones de ese lugar. Sin embargo, no hizo alusión alguna al estado de salud de dos mujeres de la tercera edad que, a decir del diputado local perredista Juan Manuel Cambrón, supuestamente resultaron lesionadas, e incluso habrían sido hospitalizadas.
Tras recordar que el cierre de carreteras supone la comisión de un delito, Cuéllar Cisneros dijo que, ante esos bloqueos, su gobierno “es prudente hasta cierto momento” porque no se puede afectar a terceros, aunque subrayó que también debe propiciar que haya diálogo entre las partes en conflicto.
Por su parte, la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), dijo que las autoridades están obligadas a garantizar el ejercicio del derecho a manifestarse, proporcionando las condiciones necesarias para que las protestas se desarrollen de manera pacífica y segura, “esto incluye la regulación del tráfico y la presencia de fuerzas de seguridad que protejan a los manifestantes y eviten disturbios”.
Con relación al desabasto de agua que padecen habitantes de Calpulalpan desde hace un año, la ombudsperson exhortó a las autoridades estatales y municipales a “prever lo necesario a efecto de cumplimentar el restablecimiento, conservación y desarrollo del sistema del agua potable en las comunidades del municipio de Calpulalpan”, en cumplimiento a lo establecido en la legislación correspondiente.
Escúchanos en: www.peigrosa.mx 11 DE MAYO 2023.
