top of page

HISTORIA DE UNA INJUSTICIA: A KEREN, LA PGJ LE “FABRICÓ” UN SECUESTRO POR EL QUE ESTUVO MÁS DE 9 AÑOS EN PRISIÓN; YA FUE ABSUELTA Y LIBERADA

http://tun.in/sfFLp 📰 Últimas #noticias en #ObjetivoAM, transmisión en vivo por #Peligrosa1370AM y 1600-AM🎙️ Descúbrelo en www.peligrosa.mx o en TuneIn: http://tun.in/sfFLp  🌐 #Tlaxcala #Puebla #RadioOnline

📱 ¡Envíanos tus comentarios o denuncias por WhatsApp al número 247 132 5496! 🗣️📲 #WhatsAppPeligrosa




(Fabián Robles) Después de estar encarcelada más de nueve años acusada injustamente por un secuestro en el que no tuvo participación alguna, este miércoles Keren Selsy Ordóñez Hernández recuperó su libertad, informó el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), cuyos abogados apoyaron en la defensa legal de esa joven originaria de Veracruz.

A través de sus redes sociales la organización dio a conocer que “la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de Tlaxcala, en ponencia de la magistrada Mary Cruz Ornelas, resolvió la apelación y ordenó la libertad inmediata. Keren abraza hoy a su hija y a su familia”.

También agradeció “a todas las personas que unieron voces. ¡Por ella y por todas las mujeres que aún esperan justicia!”.

Por su parte, la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU  para los Derechos Humanos (ONU-DH México) se sumó “a la celebración por la liberación de Keren Selsy Ordoñez Hernández, quien hoy se reencuentra con su hija y su familia tras 9 años de prisión injusta. Su caso refleja una lucha sostenida por la verdad y la justicia”.

Reconoció “la decisión con perspectiva de género de la Sala Penal del Poder Judicial de Tlaxcala, un paso importante hacia la igualdad y la eliminación de estereotipos de género en el acceso a la justicia. Destacamos el acompañamiento del Centro Prodh y de las organizaciones aliadas”.

El Centro Fray Julián Garcés -con sede en Tlaxcala- también se sumó “a la alegría de Keren. Abrazamos y festejamos la justicia que por fin Keren y su familia viven. Hoy y siempre exigimos y gritamos por una vida libre y justa para todas las mujeres”.

EXIGENCIA DE JUSTICIA

Apenas el pasado 11 de abril, la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y la Red SOS Tortura -integrada por una treintena de agrupaciones de distintas partes del mundo, incluido México- reiteró la exigencia para que la Sala Penal, conformada por los magistrados Marisol Barba Pérez, Pedro Sánchez Ortega y Mary Cruz Cortés Ornelas, revocaran la sentencia condenatoria en contra de Keren a quien se le impuso una pena de 50 años de prisión y, en su lugar, dictara su absolución y libertad “por falta de pruebas suficientes en su contra y con base en su obligación de excluir pruebas ilícitas obtenidas bajo tortura”.

En un comunicado expresaron su “profunda preocupación por diversas violaciones a derechos humanos documentadas por el Centro Prodh en perjuicio de la señora Keren Selsy Ordoñez Hernández, quien el 11 de diciembre de 2015 -todavía convaleciente por un parto por cesárea- junto con su hija recién nacida fueron detenidas en el estado de Veracruz por policías ministeriales del estado de Tlaxcala y de la entonces Policía Federal, sin orden de detención.

Recordaron que los agentes le quitaron a la bebé de sus brazos y apuntándoles con armas las subieron a un vehículo oficial sin explicarles el motivo de su detención. Durante las siguientes 11 horas, Keren fue sometida a golpes, asfixia y amenazas de agresión física, matar o desaparecer a su hija, a quien mantuvieron en “calidad de detenida” a pesar de tener días de nacida. 

Durante ese tiempo, se obtuvieron pruebas ilícitas que fueron utilizadas para mantenerla en prisión, entre las que se encuentra una declaración que le obligaron a firmar sin permitirle leer. Posteriormente se supo que se trataba de una declaración ministerial confesando su participación en el secuestro del que fue acusada.

Tras la detención, las autoridades de la entonces Procuraduría General de Justicia de Tlaxcala -encabezada por Alicia Fragoso Sánchez- presentaron ante representantes de los medios de comunicación a Ordoñez Hernández, como integrante de un grupo criminal, y difundieron su nombre, “todo ello afectando su presunción de inocencia”.

Pero Keren “no contó con una defensa adecuada, ya que el abogado público que la representó al inicio del proceso penal le aconsejó que se reservara su derecho a declarar, diciendo que él le asesoraría y le diría cuándo hacerlo, lo que nunca sucedió.  Las autoridades tomaron en cuenta las pruebas obtenidas mediante tortura y se basaron en estereotipos de género para dictar una sentencia en su contra de 50 años de prisión, por un delito que no cometió”. 

En el caso de la hija de Keren, dijeron esas organizaciones, “no se tomó en cuenta el interés superior de la niñez, ni hubo acciones inmediatas para salvaguardar la salud e integridad física y emocional de la bebé”.

Se sabe que, tras la detención de esa joven, la abuela de la niña la buscó durante 14 días, sin conocer su suerte ni paradero, y sin que ninguna autoridad les informara de su situación. Cuando la niña le fue entregada, la encontró en muy malas condiciones de salud.

Cuestionaron que, además de los alegados actos de tortura y detención arbitraria, la situación de vulnerabilidad de la detenida no fue considerada en ningún momento del proceso penal, “pese a que estaba convaleciente de nueve meses de embarazo de alto riesgo y de una cesárea reciente y se encontraba en estado de puerperio, y había sido detenida junto a su hija de un mes, ambas en una situación de especial vulnerabilidad y precariedad socioeconómica, específicamente frente a sus captores”.

Por si fuera poco, Keren “no solo no recibió todos los servicios adecuados en relación con el puerperio, sino además fue sometida a violencia de género mientras estaba detenida con su hija, sufrió tortura delante de la niña, sin saber lo que le estaba pasando, y posteriormente le fue arrebatada durante su detención”.

Después de analizar detenidamente el caso, la OMCT y la Red SOS Tortura consideraron que “el Estado mexicano, y en particular los agentes responsables de la detención de la señora Ordoñez Hernández, así como de la integración de su expediente y su juzgamiento, violaron la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de las Naciones Unidas, así como la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), ratificado por México, y en particular a sus artículos 2, 6, 7, 9, 10 y 14”.

Desde el año 2021, recordaron, el Centro Prodh, -organización parte de la Red SOS-Tortura, así como la ONU-DH- documentó y acompañó el caso “y gracias a un amparo que Keren obtuvo a su favor, un tribunal federal ordenó reponer su proceso”.

Urgieron “a las autoridades de administración y procuración de justicia, reconocer los daños y violaciones causadas en perjuicio de la menor de edad, AFHO, hija de la señora Selsy Ordóñez, quien tenía 1 mes de nacida en el momento de los actos señalados, y que actualmente tiene 9 años y se encuentra en una situación de vulnerabilidad por la situación de su madre”. 

Solicitaron “a las autoridades de la Fiscalía Especial para la Investigación del Delito de Tortura de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala, a investigar y sancionar a los responsables por las violaciones a las salvaguardas fundamentales durante la detención arbitraria de Keren Ordóñez y la tortura cometida en su contra”.

Comments


bottom of page