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Desde 2012, Tlaxcala ha registrado aproximadamente 300 feminicidios o posibles feminicidios, con un nivel de impunidad que oscila entre el 95 % y el 98 %, según informó Edith Méndez Ahuactzin, directora del Colectivo Mujer y Utopía A.C. (CMU). Estas cifras evidencian la insuficiencia de las acciones gubernamentales para combatir la violencia de género en la entidad.
Méndez Ahuactzin atribuyó la situación a una falta de compromiso real de las autoridades, quienes, afirmó, buscan mantener una imagen de seguridad en el estado. La activista señaló que este problema afecta directamente a las familias de las víctimas, quienes no solo enfrentan la pérdida de un ser querido, sino también la ausencia de acompañamiento integral en el proceso legal y la reparación del daño.
La directora del CMU destacó que, a pesar de que el gobierno actual ha anunciado sentencias en casos de feminicidio, las cifras oficiales no coinciden con las documentadas por el colectivo. En lo que va de la administración estatal, se reportaron cerca de 100 feminicidios, pero solo la mitad ha sido reconocida oficialmente, y apenas dos casos cuentan con sentencia.
La activista subrayó que uno de los principales retos es la correcta clasificación del delito. Muchos casos son catalogados como homicidios, lo que dificulta su seguimiento como feminicidios. Esta reclasificación es una de las acciones clave dentro de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), aunque los avances en este tema han sido mínimos.
En cuanto a las sentencias, Méndez Ahuactzin explicó que, aunque en algunos casos se han impuesto penas altas, estas no representan justicia plena. Las familias de las víctimas deben iniciar procesos adicionales para buscar la reparación del daño, una situación que calificó como inaceptable y desgastante.
La activista también expresó preocupación por el funcionamiento de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE). Señaló que, tras su transformación de Procuraduría a Fiscalía, no se han observado cambios significativos en las prácticas, perfiles ni en la especialización en delitos contra mujeres. Méndez Ahuactzin cuestionó el papel de Ernestina Carro Roldán, actual fiscal general, a quien acusó de mantener una postura contraria al trabajo de las organizaciones civiles.
El Colectivo Mujer y Utopía también destacó el impacto de la violencia generalizada en los feminicidios. La activista mencionó que, en lugar de disminuir, la incidencia de estos crímenes sigue aumentando. Según los datos del colectivo, anualmente se documentan entre 30 y 33 feminicidios en promedio, aunque este número ha sido superado en los últimos años debido a la falta de acciones contundentes por parte de las autoridades.
Méndez Ahuactzin enfatizó la necesidad de revisar los casos desde la tipificación del feminicidio en Tlaxcala en 2012. Indicó que el rezago en la impartición de justicia ha contribuido al incremento de la brecha entre las víctimas y las instituciones encargadas de protegerlas. Por último, insistió en que las acciones gubernamentales deben ser integrales, transparentes y orientadas a garantizar justicia real para las mujeres y sus familias.
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