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La extinción del Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad (Itpcd) -consumada la víspera con la complicidad de 17 integrantes de la LXIV Legislatura y la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros-, representa “un retroceso e incumplimiento al principio de progresividad”, consideró Elsa Cordero Martínez.
La candidata al Senado de la República por Movimiento Ciudadano (MC) dio a conocer este vieres su posicionamiento sobre esa determinación, en el que recordó que la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad tiene por objeto reglamentar el artículo 1 de la Carta Magna.
En ese ordenamiento, puntualizó la exmagistrada tlaxcalteca, se establecen “las condiciones en las que el Estado deberá promover, proteger y asegurar el pleno ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad, asegurando su plena inclusión a la sociedad en un marco de respeto, igualdad y equiparación de oportunidades”.
En su condición de mujer con discapacidad, Cordero Martínez recordó que este grupo poblacional constituye un grupo “históricamente excluido y menospreciado”.
Advirtió que “el costo de la exclusión social es elevado, por lo que los avances respecto de la atención a este sector de la sociedad no pueden, ni deben detenerse. En Tlaxcala, más de 200 mil personas tenemos y esta condición y fuimos, como entidad, precursores en contar con una institución especializada para atender a las personas con discapacidad, que incluso fue referente nacional”.
Insistió que, en México y en Tlaxcala, cuando no se garantizan a las personas con discapacidad los derechos económicos, sociales y culturales, se produce un insuficiente desarrollo económico, un bajo desarrollo humano para vivir de manera independiente, y un contexto de discriminación que limita el empoderamiento de las personas con discapacidad, lo que además impide participar en condiciones de igualdad”.
Tras las severas críticas -sobre todo en redes sociales- por la desaparición del Itpcd, el gobierno local difundió este viernes un comunicado en el que presume que, con esa decisión, ahora la Secretaría del Bienestar “fortalece la atención integral a personas con discapacidad, ya que los programas y servicios que ofrecía el instituto, desde inicio de la actual administración, se han mantenido y fortalecido a través de la Dirección de Bienestar Integral de la dependencia estatal”.
En ese mismo boletín se insiste en que la extinción del instituto referido es para “evitar la duplicidad de atribuciones”, y ahora “se genera un manejo más eficiente de los recursos públicos destinados a mejorar la calidad de vida de personas con discapacidad y con ello, se amplían las posibilidades de brindar mejores servicios a este sector”.
Sin embargo, no dice nada con relación a que, supuestamente, ese organismo dejó “de cumplir sus fines u objeto o su funcionamiento, y no resulta conveniente desde el punto de vista de la economía estatal o del interés público”, como lo consideró la gobernadora Lorena Cuéllar en la iniciativa que dio paso a la extinción del instituto.
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