Un amparo ante la justicia federal y una serie de inconsistencias jurídicas, fueron suficientes para que el juez de control Gabriel Flores Alvarado, determinara dejar en libertad a Eliud N., señalado presuntamente de privar de la vida a un niño de apenas 11 meses de edad, hijo de Daniela N., su pareja sentimental. Pese a la gravedad del caso, fuentes de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) informaron que el juez se limitó a establecer -como medida cautelar- que ese sujeto deba presentarse a firmar ante la autoridad respectiva un día cada semana y a la exhibición de una garantía económica equivalente a ocho mil pesos.
Flores Alvarado también desestimó los argumentos del agente del Ministerio Público para que ese sujeto permaneciera en prisión preventiva, pero ahora justificada. Fuentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) confirmaron que, desde la tarde del miércoles 2 de mayo, ese hombre quedó en libertad, después que a mediados de abril de este año fue vinculado a proceso por el delito de homicidio agravado, el cual fue cometido el pasado 22 de septiembre, en el municipio de Contla de Juan Cuamatzi.
Según la indagatoria realizada por elementos de la Policía de Investigación y Servicios Periciales de la PGJE, el padrastro del menor resultó probable responsable, al provocarle la muerte por traumatismo craneoencefálico secundario a contusión directa, derivado de las lesiones que le causó al golpearlo en la cabeza. Por ese hecho, a Eliut N., se le impuso prisión preventiva oficiosa, pero su defensa consiguió un amparo en contra de esa medida cautelar, bajo el argumento que era excesiva e injustificada, según lo establecido en una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que obliga al Estado mexicano a eliminar el arraigo y la prisión preventiva oficiosa de su orden legal.
Otros argumentos que, según la PGJE, tomó el juez de control para sustentar su decisión, fue que no hay acta de defunción y se desconoce la causa exacta de la muerte del infante, ya que nada más se sabe que la víctima habría sufrido 35 lesiones en distintas partes del cuerpo. Sin embargo, en la audiencia de revisión de medida cautelar en cumplimiento al amparo interpuesto por la defensa, el agente del Ministerio Público consideró necesario mantener al imputado en prisión, pero ahora justificada, ya que después del homicidio huyó y estuvo prófugo aproximadamente siete meses, hasta que fue detenido a principios de abril pasado.
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