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Demandan organizaciones que el Congreso local suspenda análisis de la iniciativa

Organizaciones civiles, colectivos y grupos comunitarios, denunciaron que, en las últimas décadas, en Tlaxcala se ha generado un proceso de devastación socioambiental y limitación del acceso al agua para la población, resultado de un proceso de industrialización sin controles adecuados para el uso de los recursos y la emisión de sus contaminantes al agua, aire y suelo.


Durante XI Congreso Diocesano por el Medio Ambiente, la dimensión de Derechos Humanos de la Pastoral Social de la Diócesis de Tlaxcala, reprocharon a las autoridades estatales la inexistencia de un programa integral para la restauración de la Cuenca del Alto Atoyac, pese a que es considerada como una región de emergencia sanitaria y ambiental.


Lamentaron que, por el contrario, desde el gobierno se impulsan acciones que incrementan la devastación socioambiental, que provocan la reincidencia y agudizan la violación a los derechos humanos por parte de autoridades y dependencias.


Como ejemplo refirieron la iniciativa impulsada por la diputada por Morena, Marcela González, para crear la Ley para la Prestación de Servicios de Agua Potable y Saneamiento del estado de Tlaxcala, presentada el pasado 14 de febrero, que busca mercantilizar ese líquido, además de ser inconstitucional, desconocer las formas tradicionales de participación comunitaria para la gestión del recurso y criminalizar la protesta social.


En rechazo a esa propuesta, realizaron una campaña de información ciudadana y recolección de firmas, cuya entrega se hizo ya al Congreso local, con la exigencia principal de que se suspenda el proceso de análisis de la iniciativa, y que la LXIV Legislatura espere a que termine el proceso de trabajo y definición de la nueva Ley de Aguas Nacionales, para garantizar que la norma estatal esté en armonía, respete y se sujete a la consideración de que el agua y el saneamiento son derechos humanos individuales y colectivos.


También demandan que se inicie un proceso de información, consulta y deliberación culturalmente adecuada con las comunidades, que lleve el tiempo que sea necesario y suficiente para las mismas comunidades, para que se establezcan los contenidos que deberá contemplar una Ley de Aguas para el estado de Tlaxcala realmente sustentada en los derechos humanos.




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