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Defiende ombudsperson derecho a manifestarse, pero calla ante represión contra burócratas


Sin atreverse a exigir a la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros que frene la represión contra burócratas sindicalizados, docentes y jubilados que rechazan el nuevo sistema de atención médica a que tienen derecho, la ombudsperson Jakqueline Ordóñez Brasdefer, se limitó a defender el derecho a la manifestación que tiene la sociedad “para que las autoridades escuchen sus necesidades y busquen vías adecuadas, herramientas y estrategias para atender los reclamos sociales, privilegiando el diálogo como medio pacífico para resolver conflictos”.

El tibio posicionamiento de la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) se dio este jueves cuando se cumplieron cuatro días consecutivos de manifestaciones y cierre de vialidades que realizaron en la capital tlaxcalteca decenas de integrantes del Frente Unido de Trabajadores en Defensa de los Derechos Laborales.

La presidenta de ese organismo autónomo se vio obligada a emitir ese pronunciamiento tras ganarse un alud de severas críticas de activistas que, en distintos foros, han cuestionado su actitud silente, omisa y de complicidad ante la represión ejercida por policías estatales.

En un texto de siete párrafos, Ordóñez Brasdefer se refirió de manera redundante al derecho a manifestarse –consagrado en la Constitución y en distintos instrumentos internacionales relativos a la libertad de reunión pacífica y asociación-, pero no dedicó ni una palabra a los actos de represión ejecutados por policías estatales contra los inconformes.

Incluso, la ombudsperson justificó la actuación de fuerzas de seguridad para “proteger a las personas manifestantes y se eviten disturbios. El respeto a este derecho es fundamental para el fortalecimiento de la democracia y la consolidación del Estado de derecho”.

La presidenta de la CEDH hizo un llamado “a las partes involucradas a privilegiar el diálogo y la búsqueda de acuerdos, evitando confrontaciones y actos violentos que puedan poner en riesgo la integridad física y emocional de los manifestantes y de la población en general”.

Además, instó “a la sociedad en general a ser responsables y mantener una actitud de respeto y tolerancia hacia las manifestaciones, reconociendo la importancia de este derecho como pilar de la democracia y como mecanismo para la construcción de una sociedad más inclusiva y justa”.

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