El Centro Fray Julián Garcés, académicos y organizaciones, aseguraron que, a través de un seguimiento hemerográfico, de 2009 a 2022 autoridades locales, de otros estados y del gobierno federal detuvieron a
246 personas involucradas en la trata de personas, originarias de 18 municipios tlaxcaltecas, “y a pesar de esto, las redes (de esos delincuentes) no dejan de operar”, lo que se expresa en otros delitos como la desaparición de personas y el feminicidio.
En vísperas del Día Mundial contra la Trata de Personas, que se conmemora el 30 de julio, esa organización recordó que el próximo 8 de septiembre se cumplirá un año de haberse publicado el Programa Estatal contra la Trata de Personas con fines de Explotación Sexual en Niñas y Mujeres 2022–2027, pero hasta la fecha “hay pendientes de cumplimiento”.
Entre esos puntos, destacan: contribuir en la desestructuración y disminución de las causas sociales que originan la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual: acompañar a las víctimas y mujeres en situación de prostitución de forma integral y con las perspectivas de género y de derechos humanos.
Tampoco se ha elaborado un programa de capacitación continuo para personal policial, ministerios públicos, pericial y de los juzgados.
Ante esa situación, manifestaron su preocupación “porque las acciones contra la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual se han reducido, también en este periodo de gobierno, sólo a difundir información a través de una campaña de videos y no a implementar de manera integral el programa estatal ni a desarrollar en el eje de prevención un proceso educativo y reeducativo que se oriente al cambio de las actitudes de las personas frente a esta problemática”.
Consideraron que, campañas de este tipo, no aportan a la solución del problema, “y difundir un video o material basado en la idea sentimentalista del padrote arrepentido que tiene una sanción de 30 años, no tendrá ningún efecto si no se investiga y sanciona realmente, y de manera ejemplar, a las redes”.
Lamentaron que en este periodo de gobierno únicamente se abrió una carpeta de investigación y no se ha emitido ninguna sentencia condenatoria firme por ese delito; mientras que, de enero de 2017 a diciembre de 2022, se iniciaron 52 indagatorias sobre trata y sólo una se materializó en condena; es decir, “la impunidad alcanzó el 98%”.