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El Congreso del Estado de Tlaxcala aprobó la no comparecencia de servidores públicos como parte del análisis del Tercer Informe de Gobierno Estatal. La decisión se tomó durante una sesión extraordinaria y pública, en la que el Pleno avaló la propuesta presentada por la Junta de Coordinación y Concertación Política (JCCP).
El proyecto, impulsado por la JCCP y conformado por representantes de todas las fuerzas políticas del Congreso, argumenta que existen mecanismos alternativos considerados más eficaces para garantizar la rendición de cuentas y la resolución de dudas sobre las actividades gubernamentales. Según lo expresado, la entrega del informe cumplió con los protocolos establecidos, lo que haría innecesarias las comparecencias de los titulares de las dependencias estatales.
Durante el debate, las fuerzas de oposición hicieron un llamado para que se permitiera la participación directa de los funcionarios en el análisis del informe. A pesar de sus exigencias, la mayoría legislativa respaldó la propuesta de inviabilidad para dichas comparecencias. El proceso de deliberación en el Pleno se desarrolló de manera breve y culminó con la aprobación del proyecto por parte de la mayoría de los legisladores.
El argumento central de quienes apoyaron esta decisión se basa en la existencia de otros instrumentos legislativos que, según su criterio, permiten fiscalizar y evaluar la gestión de las dependencias gubernamentales sin necesidad de recurrir a comparecencias. Sin embargo, esta postura ha generado cuestionamientos sobre la efectividad de dichos mecanismos y la transparencia en el manejo de los asuntos públicos.
La medida representa un punto de tensión entre la mayoría legislativa y los partidos de oposición. Estos últimos han señalado que las comparecencias son un ejercicio clave para garantizar la rendición de cuentas, al permitir el cuestionamiento directo a los responsables de las políticas públicas y programas gubernamentales. Según su perspectiva, excluir esta herramienta podría debilitar la supervisión efectiva y limitar el acceso a información relevante para la ciudadanía.
La decisión del Congreso de Tlaxcala pone en el centro del debate la importancia de fortalecer los procesos de fiscalización y rendición de cuentas, así como la necesidad de garantizar que el análisis de los informes gubernamentales se lleve a cabo de manera exhaustiva. Frente a esta determinación, queda la interrogante de si los mecanismos alternativos propuestos cumplirán con el objetivo de brindar transparencia y eficacia en la revisión de las acciones gubernamentales.
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