COINCIDEN ESPECIALISTAS EN ADVERTIR QUE PERSISTE LA #TORTURA COMO #MÉTODO PARA FABRICAR CULPABLES

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Las prácticas de tortura persisten y se realizan de forma generalizada en el país en espacios de detención, estaciones migratorias y centros penitenciarios en donde son utilizadas como método de investigación para fabricar culpables y castigar a presuntos delincuentes, coincidieron en señalar especialistas de la sociedad civil y del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP).

La representante de la Organización Mundial contra la Tortura, Olga Guzmán y la titular de la Secretaría Técnica de Combate a la Tortura del IFDP, Sofía de Robina Castro, señalaron que estas violaciones a los derechos humanos son cometidas por diversas autoridades de distintos niveles.

La servidora pública subrayó que la tortura es considerada una de las principales violaciones a los derechos humanos pues impacta la integridad física, emocional y psicológica de las personas. Es, dijo, una doble injusticia en perjuicio de la persona a quien se le infringe y para la sociedad, a la que se le priva el derecho a acceder a la verdad sobre un acontecimiento.

Sofia de Robina Castro recordó que en 2019 se creó la Secretaría Técnica de Combate a la Tortura, que enfoca sus esfuerzos en la atención a casos relacionados con procesos penales, en donde se práctica con el fin de fabricar pruebas y culpables, violar la presunción de inocencia y castigar a presuntos delincuentes.

Apuntó que es un delito de “realización oculta” lo que significa que casi siempre se comete en espacios en donde es poco visible para otras personas que podrían denunciarlo.

Por su parte, Olga Guzmán reconoció que se han presentado avances para buscar su erradicación, como la promulgación, en 2017, de la Ley para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, y la regla de exclusión de prueba, lo que coloca a México a la vanguardia de la región por su marco normativo en la materia.

Ambas reconocieron que aún hay retos enormes para abatir esta práctica. Coincidieron en que las autoridades deben atender y escuchar las denuncias de las víctimas de tortura y de sus familiares, a fin de poder generar los mecanismos adecuados para evitar que otras personas padezcan violaciones a sus derechos.