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La comunidad campesina de Tlaxcala expresó su inconformidad ante la decisión unilateral de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) de reducir el precio de garantía del maíz blanco para consumo humano. Esta medida, anunciada por Seguridad Alimentaria Mexicana (SEGALMEX), ha provocado afectaciones económicas significativas en un sector clave para la soberanía alimentaria nacional.
De acuerdo con un documento que entregaron integrantes de la Comunidad Campesina de Tlaxcala a integrantes de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Tlaxcala, el programa de Precios de Garantía, iniciado en 2019, buscaba ajustar el precio del maíz de acuerdo con los costos de producción. Sin embargo, el anuncio reciente de SEGALMEX establece una reducción del 16 %, pasando de $7,075 a $6,000 por tonelada, lo que genera una crisis económica para los productores. Además, esta disminución impacta negativamente en los precios locales, donde los intermediarios ofrecen cantidades aún menores, afectando a pequeños, medianos y grandes agricultores.
En este sentido, Efrén López Hernández, integrante de la agrupación, el contexto social y económico subraya la importancia del maíz como sustento de miles de familias. Los campesinos tlaxcaltecas han solicitado al Congreso local un subsidio de $1,500 por tonelada para mitigar las pérdidas. También han exigido transparencia en el Sistema Producto Maíz y la implementación de políticas públicas que incentiven una producción justa y sostenible.
Los productores advirtieron que la reducción en el precio de garantía desmotiva a los jóvenes a continuar con la actividad agrícola, lo que podría derivar en un abandono gradual del campo. Factores como el cambio climático, el aumento de costos en insumos agrícolas y la falta de apoyos directos agravan esta situación, obligando a los agricultores a buscar otros medios de subsistencia.
Los campesinos enfatizaron que la medida no solo afecta la economía, sino también la dignidad del sector. En su pronunciamiento, demandaron a las autoridades gubernamentales una revisión inmediata de la política de precios y un ajuste justo que refleje el esfuerzo y el costo real de producción. Además, instaron a las autoridades a evitar medidas discriminatorias y garantizar el cumplimiento de los principios de equidad y justicia social en el ámbito agropecuario.
Finalmente, los agricultores dejaron en claro que están dispuestos a defender su derecho a un precio justo, apelando a los valores de justicia social y soberanía alimentaria que rigen las políticas actuales. La comunidad campesina tlaxcalteca reafirmó su compromiso de trabajar con dignidad y contribuir al bienestar alimentario del país.
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