La presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Jakqueline Ordóñez Brasdefer, mantiene un silencio de probable complicidad en torno a varios asuntos que afectan la credibilidad del gobierno de Lorena Cuéllar Cisneros.
En distintas fechas, se le ha solicitado información sobre la fuga de menores de edad que se encontraban bajo resguardo del DIF estatal, también respecto de la represión sufrida por habitantes de Calpulalpan a manos de policías, y con relación a una denuncia de probables abusos en agravio de personas privadas de la libertad en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Apizaco.
Sin embargo, la respuesta dada a este medio de comunicación, a través del área de prensa del organismo, es que la ombudsperson se encuentra ocupada en algunos eventos –incluso fuera del estado y el país-, o que la Secretaría Ejecutiva carece de los datos 4 solicitados, por lo que no ha sido posible conseguir la información.
En contraparte, el pasado viernes, a propósito del congreso “Derecho humano a la ciudad: la alianza global del ombudsperson local ante la nueva agenda urbana”, organizado por Ordóñez Brasdefer, en menos de 12 horas, el área de comunicación envió a los medios cinco boletines con información de ese evento, algo nunca antes visto en la historia del organismo.
No conforme con eso, la ombudsperson ordenó que este domingo se difundiera un boletín más relacionado con dicho congreso, pero relativo al reconocimiento “como visitantes distinguidos” que recibieron por parte del ayuntamiento capitalino los ponentes de México, América Latina y Europa.
Este medio de comunicación solicitó en septiembre pasado informes sobre la investigación que, supuestamente, inició la CEDH después que un año antes cinco migrantes menores de edad escaparan de un albergue del DIF estatal, a cargo de Mariana Espinosa de los Monteros, hija de la gobernadora. A un año y ocho meses de ese hecho, el organismo presidido por Jakqueline Ordóñez no ha sido capaz, o no ha querido informar los avances de la investigación ni por qué no ha emitido la recomendación que el caso amerita. No sólo eso, también ha callado sobre la fuga de otro menor que estaba bajo resguardo del DIF estatal y que el 7 de octubre de 2021 burló al personal de la institución y escapó al momento de ser llevado al Hospital Regional de Tzompantepec a una revisión médica.
Otro asunto del que tampoco ha dicho nada la ombudsperson es el relativo a la fuga de dos menores de edad que estaban bajo resguardo del DIF estatal, en el Centro de Asistencia Social (CAS), ubicado en el fraccionamiento Los Girasoles, en el municipio de Tzompantepec, ocurrida el 29 de enero de este año. La presidenta de la CEDH también ha callado sobre las omisiones del DIF estatal que, el 20 de septiembre de 2021, propiciaron la fuga de un adolescente hondureño de un Centro de Asistencia Social (CAS) ubicado en Tlaxcala.
Sobre este caso, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 25/2023, relativa a violaciones a los derechos humanos, seguridad jurídica y principio del interés superior de la niñez y la adolescencia, en agravio de ese menor de edad, residente permanente por refugio en México, quien está ilocalizable desde la fecha referida.
Este medio también preguntó si la ombusdperson ordenaría el inicio del expediente relativo a la represión sufrida por habitantes de Calpulalpan a manos de policías estatales, ocurrida el pasado 8 de mayo, cuando se manifestaban por el desabasto de agua que 5 padecen desde hace un año.
La respuesta de Ordóñez Brasdefer –difundida dos días después a todos los medios de comunicación- se limitó a propalar un pronunciamiento en el que, tácitamente, justificó el actuar de los policías, al señalar que, por el cierre de la carretera México-Zacatepec, arribó al lugar un grupo antimotines “para retirar a las personas que obstaculizaban el paso vehicular, situación que provocó un enfrentamiento entre esas personas con elementos de seguridad pública, lanzando estos últimos gases lacrimógenos para dispersarlas”.
Otro asunto sobre el que ha callado la presidenta de la CEDH, es el relativo a una serie de denuncias que hicieron hace unos días personas privadas de la libertad sobre presuntas anomalías del director y un comandante del Centro de Reinserción Social (Cereso) de Apizaco, Carlos Vázquez y Alberto Carmona Zempoalteca, respectivamente, así como de una decena de custodios.
Según el dicho de esas personas, esos funcionarios supuestamente les obligan vender a estupefacientes al interior del penal y también a extorsionar, además de que uno de ellos es señalado de incurrir en actos de tortura.
29 DE MAYO 2023
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