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La Comisión de Seguridad Social, que preside la diputada morenista Angélica Ivonne Cisneros Luján, aprobó por 19 votos a favor, 10 en contra y cero abstenciones, el dictamen que crea el Fondo de Pensiones para el Bienestar, que se nutrirá de recursos de diferentes fuentes de ingresos, entre las cuales están las cuentas inactivas de las Afores que rondan los 40 mil millones de pesos de los seis billones de pesos que manejan las administradoras de fondos, sin que se toque los fondos de los trabajadores activos.
En el dictamen se precisa que el Fondo de Pensiones para el Bienestar brindará a los institutos de seguridad social los recursos necesarios para procurar que las y los trabajadores que alcancen los 65 años de edad y cuya pensión sea igual o menor al monto equivalente al salario promedio registrado en el Instituto Mexicano del Seguro Social, reciban un complemento a las obligaciones del Gobierno Federal con relación a la pensión que se obtenga conforme a las disposiciones aplicables.
Señala que las Afore, las instituciones que realicen funciones similares de naturaleza pública, así como las administradoras prestadoras de servicio, deberán transferir los recursos de las subcuentas de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, al momento en que los trabajadores cumplan 70 años, sin necesidad de resolución judicial, al Fondo de Pensiones para el Bienestar, debiendo notificar de cada traspaso al Instituto Mexicano del Seguro Social el mismo día en que se realice. Esto no será aplicable a los recursos de los trabajadores que cuenten con una relación laboral activa ante el instituto.
El diputado morenista Ignacio Mier Velazco, también promovente, señaló que se pretende compensar las distorsiones que generó el esquema de 1997 en perjuicio de 45 millones de trabajadores; ellos sufren porque la tasa de reemplazo garantizada no alcanza el 40 por ciento, y ese fondo lo que busca es ser uno solidario de compensación que no afecta ningún derecho ni le roba a nadie.
La diputada panista Patricia Terrazas Baca destacó que es un dictamen de enorme importancia y trascendencia para la clase trabajadora del país, pero pretende que los fideicomisos formen parte de la bolsa general de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como meter mano a los recursos pertenecientes a los trabajadores, cuando estos son privados y no son recursos públicos; además, hay inquietud por los recursos de los trabajadores en activo.
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