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AUMENTAN CASOS DE TORTURA EN #TLAXCALA; POLICÍAS DE LA #PGJE, LOS PRINCIPALES AGRESORES, PERO NO HAY NINGÚN SENTENCIADO

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La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), encabezada por Ernestina Carro Roldán, no ha sido capaz de judicializar, y por ende tampoco ha logrado condena alguna, por casos de tortura o de Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (TPCID), correspondientes a 22 carpetas de investigación abiertas por ese tipo de prácticas ilegales.

Lo anterior se desprende del informe denominado "Observatorio contra la Tortura. Hallazgos 2022”, dado a conocer este martes, y elaborado por Ángel María Salvador Ferrer y Jessica Grisell Mascorro Rodríguez, con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid, por sus siglas en inglés).

Según ese texto -resultado de un ejercicio de investigación y análisis de miles de datos recabados directamente de las autoridades responsables de prevenir y perseguir la tortura-, hasta el cierre del año 2022 se tenía el registro de 24 hombres y tres mujeres víctimas de esas prácticas en Tlaxcala, e involucradas en el número de carpetas antes referido.

Del total de víctimas, solo 19 tuvieron acceso a un peritaje oficial para documentar los abusos de que fueron objeto. Sin embargo, en la Comisión Estatal de Atención a Víctimas (CEAV) no existe ninguna persona registrada por tortura o por TPCID; y tampoco beneficiarias de asesoría jurídica, o de medidas de ayuda, asistencia y reparación integral.

De las cinco quejas por tortura presentadas ante organismos públicos de derechos humanos, la PGJE es la más señalada con cuatro, y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) con una; mientras que por TPCID hay dos expedientes en contra de policías estatales.

Respecto de peritajes realizados por organismos públicos de derechos humanos, el informe desvela que fueron evaluados tres hombres, y uno “mostró correlación entre el relato de tortura y los hallazgos médicos y/o psicológicos”.

Por esas quejas, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), presidida por Jakqueline Ordóñez Brasdefer, solo ha emitido una recomendación, aunque en el informe referido no se dan a conocer mayores detalles.

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