Pese a la prohibición expresa de no asignar contrato alguno a la firma Casanova Vallejo S.A. de C.V., por estar inhabilitada durante 45 meses por decisión de la Secretaría de la Función Pública (SFP), el presidente municipal de Tlaxcala, Jorge Alfredo Corichi Fragoso, le asignó a esa subsidiaria de Casanova Rent un contrato por 25 millones 225 mil 024.50 pesos por concepto de renta de patrullas.
Esa fue una de las observaciones que hizo el Órgano de Fiscalización Superior (OFS) a la cuenta pública de la administración capitalina morenista, correspondiente al ejercicio fiscal de 2022, según consta en documentos públicos.
La renta de 21 vehículos para seguridad pública está asentada en el contrato número MTLX-DA-AR-0002-2022, de fecha 15 de septiembre de 2022, por el monto referido y por un plazo de dos años a pagar en mensualidades de 1 millón 270 mil 653.24 pesos.
Según el OFS, “se tiene conocimiento que, mediante circular publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 15 de septiembre de 2022 del expediente SAN-005/2022, se comunica a las dependencias y entidades de la administración pública federal, a las empresas productivas del Estado, así como a las entidades federativas, municipios y alcaldías de la Ciudad de México, que deberán abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos con la moral Casanova Vallejo S.A. de C.V.”
La prohibición es resultado de que “el órgano interno de control del ISSSTE, emitió resolución de 9 de septiembre de 2022, dictada en el expediente administrativo de sanción a licitantes, proveedores y contratistas SAN-005/2022, a través de la cual se impuso a la moral Casanova Vallejo S.A. de C.V., una sanción administrativa consistente en una inhabilitación por 45 meses (…) por lo que no podrá por sí misma o a través de interpósita persona, presentar propuestas, ni celebrar contrato alguno con las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal”.
Lo anterior quiere decir que, a sabiendas de dicha disposición, el gobierno municipal de Tlaxcala concedió ese contrato a la empresa referida, con la aprobación del cabildo.
A la administración de Corichi Fragoso tampoco le importó la recomendación del OFS para acatar lo dispuesto en los principios de racionalidad austeridad y disciplina presupuestal que privilegian la adquisición de vehículos, pues bajo el esquema de arrendamiento, al finalizar el presente trienio “no se verá reflejado el costo-beneficio del gasto efectuado, toda vez que las unidades vehiculares regresarán al arrendador y ninguna vehicular formará parte del patrimonio del municipio, lo que genera un detrimento a la hacienda pública”
Además, ese contrato “denota una falta de justificación del gasto”, en contravención a lo dispuesto en diversas leyes, “siendo que, en el caso concreto, no se justificó el gasto realizado; por lo tanto se acredita que se realizó un inapropiado manejo de dichos recursos económicos que generó un daño al municipio de Tlaxcala, por el importe total erogado por concepto de arrendamiento de unidades vehiculares a diciembre del ejercicio fiscal 2022”.
Para el OFS, con el pago mensual de 1 millónn 270 mil 653.24 pesos establecido en el contrato –firmado para una vigencia del 15 de septiembre de 2022 al 16 de septiembre de 2024-, el gobierno morenista capitalino “bien pudiera haber comprado, cuando menos, dos unidades vehiculares por mes y que fueran propiedad del ayuntamiento”.
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