El Congreso del estado se convirtió en el número 11 en la República mexicana, en aprobar la minuta de la llamada ley 3 de 3 contra la violencia, en materia de suspensión de derechos para ocupar cargo, empleo o comisión del servicio público.
En la sesión ordinaria de este martes, quienes integran la LXIV Legislatura local, aprobaron la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 38 y 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, remitida por la Cámara de Senadores.
De esta forma, se reconoció que “existe una obligación estatal para reforzar la legislación, en el sentido de quienes ocupen cargos públicos en cualquiera de los poderes u órganos estatales, no cuenten con antecedentes de violencia o como deudores alimentarios morosos”. 3 Así, los derechos o prerrogativas de los ciudadanos serán suspendidos cuando sean prófugos de la justicia, desde que se dicte la orden de aprehensión hasta que prescriba la acción penal; por tener sentencia firme por la comisión intencional de delitos contra la vida y la integridad corporal, contra la libertad y seguridad sexuales, o el normal desarrollo psicosexual.
También aplicará por violencia familiar; violencia familiar equiparada o doméstica, violación a la intimidad sexual; por violencia política contra las mujeres en razón de género, en cualquiera de sus modalidades y tipos.
Además, prevé la suspensión de sus derechos a aquellas personas que sean declaradas como deudores alimentarios morosos, mismos que no podrán ser registrados como candidatos a cualquier cargo de elección popular, ni ser nombrados para empleo, cargo o comisión de servicio público. 17 DE MAYO 2023
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