En declaraciones que se contradicen entre sí, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) dio a conocer que aceptó ya las dos recomendaciones emitidas hace unos días en contra de personal de la dependencia por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), relacionadas con la muerte de dos hombres, uno de los cuales fue golpeado por policías municipales de Xaltocan, y el otro fue torturado por agentes de investigación.
La primera recomendación con número de expediente 02/2023, fue dirigida al ayuntamiento del municipio referido y a la procuradora Ernestina Carro Roldán; en el caso de esta última, según el organismo autónomo, la dependencia a su cargo mintió en los resultados de la necropsia practicada a Quirino N., quien murió el 17 de julio de 2022 en los separos de Xaltocan, a donde fue llevado, junto con su hijo, tras ser detenidos por policías al incurrir supuestamente en una falta administrativa.
Según el dictamen de criminalística de campo, una médica perita adscrita a la PGJE determinó que “la víctima tuvo una muerte no violenta, consecuencia de una hemorragia subaracnoidea no traumática, dando como resultado un paro cardiaco”.
Sin embargo, eso no fue cierto porque de acuerdo con la opinión de una médica perita adscrita a la CEDH, “la víctima tenía lesiones del lado izquierdo del cuerpo, las cuales, por sus características, se relacionaban a daño causado por un posible golpe accidental o provocado”, y presentó “traumatismo craneofacial, que tuvo repercusiones intracraneanas que (…) se pueden asociar al origen traumático de la hemorragia subaracnoidea documentada a la apertura de la cavidad craneana”.
La recomendación 03/2023, dirigida a la procuradora está relacionada con actos de tortura en que incurrieron policías de investigación adscritos a la dependencia, quienes provocaron la muerte de Juan Carlos N., señalado como presunto responsable de la desaparición el 4 de abril de 2022 de Ana Laura N., originaria de Hermenegildo Galeana, municipio de Huamantla.
En este caso, Ernestina Carro inexplicablemente protegió a cinco agentes del Grupo Antisecuestros involucrados en esa práctica indebida, y se limitó a cesar a dos funcionarios y a llevar a proceso a un solo policía de investigación.
Según la CEDH fueron seis, y no uno como sostiene la Procuraduría, los policías de investigación que torturaron a Juan Carlos N., “para obtener información o la confesión, a partir de sufrimientos graves físicos” que terminaron por causarle la muerte.
Además, los elementos de la PGJE involucrados mintieron, ya que trataron de ocultar que la víctima fue hospitalizada “por convulsionar”, cuando en realidad fue debido a la salvaje golpiza que le propinaron.
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